El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados incluye una medida que ya genera repercusiones en el mundo educativo, científico y militar: la eliminación de los pisos mínimos de inversión establecidos por ley para estos sectores. La iniciativa se concentra en el artículo 30, que propone derogar normas claves que garantizaban porcentajes mínimos del Producto Bruto Interno (PBI) para áreas estratégicas del desarrollo nacional. Esta propuesta del presidente Javier Milei encendera los debates de los legisladores, en un pais donde el sector educativo y cientifico en especial, estan siendo atacados recurrentemente por las medidas que desde el nivel central se adoptan. El no pago del llamado "incentivo docente" a los educadores de los primeros niveles educativos a cargo de las provincias, la falta de actualizacion del presupuesto de las universidades y del salario docente son medidas que impactan sensiblemente en el terreno educativo y cultural. Lo mismo sucede con los organismos cientificos como el CONICET.
El Ejecutivo plantea derogar los siguientes articulos
Artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obliga a destinar al menos el 6% del PBI al sistema educativo público.
Artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban una hoja de ruta para alcanzar un 1% del PBI en ciencia para 2032.
Artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que aseguraba un piso del 0,2% del PBI para infraestructura y equipamiento en escuelas técnicas.
Inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa, que destinaba un porcentaje de derechos de exportación para reequipamiento militar.
La decisión se enmarca en la política del Gobierno de Javier Milei de liberar partidas presupuestarias de obligaciones legales con el fin de sostener el equilibrio fiscal y cumplir la meta de déficit cero. En los hechos, el financiamiento de estas áreas quedaría supeditado a las prioridades que cada año se fijen en el Presupuesto, sin garantías de aumentos automáticos ni continuidad de los programas.
La medida encendió alarmas en sectores educativos, universitarios, científicos y militares. Para especialistas y organizaciones del campo educativo, la eliminación del piso del 6% del PBI implica una amenaza directa a la planificación y al sostenimiento de la educación pública en un contexto de inflación y caída salarial. En el sistema universitario, la preocupación se vincula a la posibilidad de que se frenen proyectos de infraestructura, actualizaciones salariales docentes y programas de extensión y becas. La situación se agrava en un momento en que el Congreso se prepara para debatir la insistencia sobre la ley vetada de financiamiento universitario y recomposición salarial docente.
El ámbito científico también se ve sacudido: la eliminación del sendero hacia el 1% del PBI deja sin marco de previsibilidad a organismos, investigadores y programas nacionales de desarrollo tecnológico que habían logrado consensos y proyección hasta 2032. Las escuelas técnicas podrían perder recursos clave para modernizar talleres, comprar insumos y capacitar docentes, en un mercado laboral que exige perfiles cada vez más calificados.
En materia de Defensa, la derogación del fondo destinado al reequipamiento pone en duda la continuidad de los planes de modernización de las Fuerzas Armadas, que dependen de inversiones sostenidas y de largo plazo.
Desde el oficialismo, justifican la medida como parte de la reorganización del gasto público para evitar compromisos que no puedan sostenerse. Pero en la oposición anticipan que el artículo 30 será uno de los puntos más discutidos durante el tratamiento del Presupuesto, en un clima atravesado por tensiones legislativas, movilizaciones y la previa de un año electoral. La coincidencia con el debate para revertir el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario funciona como catalizador del conflicto: mientras el Congreso buscará reunir los dos tercios para restituir fondos, el Gobierno intenta eliminar las obligaciones legales de inversión en toda la educación pública.
De aprobarse, la medida significará un cambio estructural en el financiamiento de políticas públicas estratégicas y reabrirá el debate sobre hasta dónde puede avanzar el ajuste fiscal sin comprometer el desarrollo a mediano y largo plazo.
