Intervienen la EPA 10 M.E. Vicente Lucero administrada por Knowledge Education por mal manejo de fondos y negligencia

Una grave crisis institucional, marcada por denuncias de malas prácticas administrativas, falta de transparencia y una eventual renuncia masiva de sus autoridades, llevó a la intervención de la Asociación Civil Educacional Knowledge Innovation, entidad responsable de la gestión de la escuela EPA 10 M.E. Vicente Lucero, en Villa Mercedes. La medida, dictada por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, fue formalizada mediante la Resolución N° 310-DPJ-2025, la cual revela un expediente cargado de irregularidades que comprometieron el funcionamiento de la joven institución, cuya personería jurídica había sido otorgada apenas en mayo de 2024.

El documento oficial, fechado el 19 de septiembre y publicado este lunes en el Boletín Oficial, actúa como un parte judicial que desnuda el colapso interno de la asociación. Lejos de tratarse de una mera formalidad por vacancia de cargos, la resolución expone una serie de graves acusaciones presentadas por dos integrantes de la propia comisión directiva, que funcionaron como la denuncia final que precipitó la intervención estatal "en exclusivo interés público".

El detonante: Una denuncia interna con acusaciones graves
El punto de inflexión en el caso se registró el pasado 15 de septiembre, cuando las miembros de la comisión directiva María Eugenia Leites y Erica Sabrina Calderón elevaron una denuncia formal ante la Dirección de Personas Jurídicas. El contenido de su presentación, consignado a fojas 71 del legajo, describe un patrón de gestión que se apartaba por completo de los principios de transparencia y democracia asociativa.

La lista de irregularidades detalladas es extensa y alarmante. Se menciona la falta de gobernanza y la ausencia total de convocatorias a asambleas generales y de reuniones de la comisión directiva, lo que implica que las decisiones clave no se tomaban de manera colectiva, la opacidad financiera expuesta en el anejo discrecional de los fondos de la asociación, sin controles ni rendiciones de cuentas, beneficios arbitrarrioss con el aumentos de sueldos al personal de la institución decididos de manera arbitraria, fuera de cualquier parámetro formal, descuidos en las condiciones de seguridad para los alumnos y el personal de la escuela, un ítem de extrema gravedad en cualquier entorno educativo, nepotismo en la contratación de personal basada en relaciones familiares o de amistad, en detrimento de los criterios de idoneidad, compras inconsultas dada la realización de adquisiciones para la institución sin consulta ni licitación, carentes de toda transparencia y ausencia de controles: Imposibilidad de realizar un control cruzado del uso de los fondos, lo que facilitaba el manejo unilateral. Esta denuncia no hizo más que corroborar y agravar una situación que ya se venía gestando en silencio.

La renuncia masiva y el vacío de poder
La resolución revela que el proceso de descomisión comenzó mucho antes. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, varios miembros de la comisión directiva presentaron sus renuncias. Sin embargo, estas no fueron comunicadas formalmente al organismo de control hasta el 9 de septiembre de 2025, lo que sugiere un intento de ocultamiento de la crítica situación interna. El colapso definitivo sobrevino cuando, según consta a fojas 94 a 101 del expediente, se presentaron las renuncias de la totalidad de los miembros de la comisión directiva. Este hecho sumió a la asociación en un estado de "acefalta" o vacío de poder absoluto, dejándola legal y operativamente paralizada. Sin autoridades, la entidad era incapaz de convocar asambleas, administrar sus bienes, tomar decisiones o, fundamentalmente, garantizar la continuidad del servicio educativo.

Un estatuto con "falencias" y la irregularidad contable
La investigación de la Dirección de Personas Jurídicas también puso bajo la lupa el propio estatuto de la asociación, aprobado al momento de obtener la personería jurídica. La resolución admite que el documento contenía "falencias" que no fueron advertidas en su momento, como la incorrecta denominación de los asociados —a los que se define como "constituyentes"— y, más significativamente, la cláusula que permitía que algunos cargos de la comisión directiva fueran remunerados, una disposición inusual y potencialmente conflictiva en una asociación civil sin fines de lucro. Además, se detectó que la entidad no había realizado el tratamiento del balance y los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal 2024, lo que la ubicaba en situación de irregularidad formal ante el organismo de control incluso antes de estallar la crisis de gobernanza.

La intervención: Un salvavidas estatal para la normalización
Ante este cuadro de desgobierno, denuncias graves y vacío de poder, la Dra. María Lorena Domínguez, Directora de Personas Jurídicas, fundamentó la necesidad de una "medida administrativa urgente" para lograr la "regularización institucional". En uso de las atribuciones conferidas por el Código Civil y Comercial y la ley provincial, decidió intervenir la asociación. Mediante la resolución, se designó como Delegados Normalizadores a los señores Enzo Nicolás Belzunce y Gustavo Ariel Lucero sin experiencia en educación. Su misión, que tendrá un plazo inicial de quince (15) días hábiles (prorrogable), es triple y ambiciosa ya que tendran que recomponer la base social como realizar de forma inmediata la incorporación de nuevos asociados para darle nueva vida a la comunidad de la institución, corregir el marco legal: Proyectar un nuevo estatuto social que se adecúe plenamente a la normativa vigente y elimine las cláusulas problemáticas y establecer la democracia interna: mediante la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria donde los socios aprueben el nuevo estatuto y elijan a las nuevas autoridades que conducirán el destino de la asociación.

Un empadronamiento urgente
La primera acción concreta del proceso de normalización será un empadronamiento o censo de socios. Este se llevará a cabo de manera urgente el día martes 23 de septiembre de 2025, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en la Subdirección de Personas Jurídicas, ubicada en calle Balcarce Nº 523, primer piso del Centro Cívico de Villa Mercedes.

Esta instancia es fundamental para identificar a los miembros activos que podrán participar en la futura asamblea. La elección de este lugar —y no de la sede social de la asociación— no es casual: la resolución aclara que la sede estaba establecida en el domicilio particular de uno de los miembros que renunció, otra muestra de la informalidad con la que se manejaba la entidad. La intervención de la Asociación Civil Knowledge Innovation representa un caso paradigmático de cómo la falta de transparencia y los malos manejos pueden llevar al borde del colapso a una institución educativa de interés público. La inexistecia de concursos serios y transparentes para otorgar la gestion a estas escuelas con un formato escolar hibrido expone toda su debilidad. A menudo estas asociaciones educacionales responden al poder provincial de turno, no cuentan con profesionales idoneos y malgastan fondos publicos destinados a la educación en otros 

La acción del Estado no busca perpetuar el control, sino actuar como un facilitador para sanear la situación, garantizar los derechos de la comunidad educativa y sentar las bases para una futura gestión transparente y democrática.

El éxito del proceso de normalización dependerá ahora de la participación de padres, docentes y miembros de la comunidad en el empadronamiento y la posterior asamblea. El poder ejecutivo de la provincia es coresponsable de esta situación dada la falta de transparencia de los "conccursos" donde se otorga la gestion a estas organizaciones y la recurrente falta de preparación y de idoneidad que exponen estas entidades en general, que toman a las escuelas como "cajas". En general, estas asociaciones carecen de socios. Un analisis objetivo expondría claramente esta situación.

El objetivo final en este caso es devolver la autonomía a la entidad, pero esta vez sobre cimientos sólidos, éticos y legales, que aseguren el correcto funcionamiento de la escuela EPA 10 M.E. Vicente Lucero y, sobre todo, el bienestar de sus alumnos.