La reforma laboral que propone “Pensar Argentina”: modernización, menos juicios y un nuevo paradigma para el trabajo

En su informe Pensar Argentina – Noviembre 2025, el think tank cercano al PRO traza un diagnóstico contundente: la Argentina necesita una reforma laboral urgente. No se trata —según el documento— de una discusión ideológica, sino de un imperativo que surge de los datos y de la realidad cotidiana de trabajadores y empresas. La premisa central es clara: el mercado laboral argentino está roto, y mantener el statu quo solo perpetúa informalidad, litigiosidad y falta de empleo formal privado.

Un mercado laboral “dual” y estancado
El documento afirma que el país convive con un sistema “dual”: una minoría de trabajadores formales muy protegidos y una mayoría que se mueve entre la informalidad, el cuentapropismo y el empleo público. Solo 13 de cada 100 argentinos tienen empleo privado registrado, un nivel que se ha mantenido estancado por más de una década. En cambio, crecieron la informalidad, el trabajo por cuenta propia y el empleo estatal, evidenciando un sistema incapaz de generar trabajos formales en el sector productivo. 

El informe sostiene que quienes más sufren este modelo son jóvenes y trabajadores de baja calificación, quienes encuentran un sistema demasiado rígido para facilitar su contratación.

 
Una legislación del siglo pasado
Otro eje fuerte del análisis es la obsolescencia normativa. La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) data de 1976, y aunque fue modificada parcialmente, menos del 20% de sus artículos cambiaron en casi medio siglo. El documento recuerda ejemplos de regulaciones anacrónicas —como descansos diferenciados para mujeres o normas pensadas para telefonistas de conmutador manual— para ilustrar el desfase entre la realidad laboral y la letra de la ley. 

El planteo de fondo: el marco legal vigente expulsa actividades emergentes y empuja a miles de personas a la informalidad. Por eso propone avanzar hacia una nueva figura laboral única y moderna, que combine lo mejor de la relación de dependencia y del trabajo independiente, con menores costos de entrada, aportes previsionales y cobertura social básica.

 
La “industria del juicio laboral”, otro gran enemigo
El informe dedica un capítulo central a lo que denomina la alta conflictividad laboral, especialmente en PyMEs. Según sus datos, una pequeña empresa recibe en promedio una demanda laboral cada 10 empleados, y el 60% identifica los juicios como su principal obstáculo para contratar.  El documento distingue dos grandes fuentes de litigiosidad:

1. Juicios por accidentes y enfermedades laborales
Los expedientes se multiplicaron de 3.000 en 2003 a 130.000 en 2017. Aunque una reforma de las ART redujo esa curva, aún hay más de 300.000 causas en trámite, con audiencias fijadas para dentro de años. 

2. Indemnizaciones por despido
Se señala que muchas PyMEs evitan contratar por miedo a fallos que las lleven a la quiebra. El Gobierno —según detalla el reporte— trabaja en promover el Fondo de Cese Laboral como alternativa a la indemnización tradicional, financiándolo con una reducción de cargas.

 
Reducir costos laborales y actualizar convenios
El documento advierte que Argentina tiene los costos laborales más altos de la región —35% del salario, contra un promedio de 21%— y que eso explica buena parte de la informalidad.  También cuestiona la existencia de más de 600 convenios colectivos, muchos escritos hace más de medio siglo, e impulsa convenios por empresa o sector más adaptados a la productividad y al teletrabajo.

 
El rol de la educación y la reconversión laboral
El informe subraya que el 72% de los empleadores no consigue los perfiles que busca, un dato que atribuye a la falta de preparación técnica y a la escasa articulación entre empresas, sindicatos y sistema educativo. Propone:

• prácticas educativas en todo el país,
• reconversión de planes sociales en programas de empleo con formación,
• }alianzas con sectores dinámicos como energía e industria del conocimiento. 

Para Pensar Argentina, la reforma laboral es la primera de las “cuatro grandes reformas” que el país debe encarar sin demora: laboral, tributaria, previsional e institucional. El mensaje es directo: sin cambiar las reglas laborales, Argentina no podrá crear empleo privado, aumentar productividad ni mejorar salarios reales.