Educación pública común o homeschooling

En un giro que parece extraído de un experimento social radical, el gobierno nacional avanza con dos medidas aparentemente disímiles pero profundamente conectadas por una misma ideología: la ampliación del homeschooling o educación en el hogar y la habilitación, mediante la Resolución General N° 1091, para que adolescentes desde los 13 años puedan operar en la bolsa de valores. Mientras se promueve que un niño de 13 años analice gráficos de cotizaciones, se desmantela la idea de un sistema educativo que le provea de conocimientos básicos y comunes. La contradicción no es tal; es la expresión pura de un proyecto que sacrifica la cohesión social en el altar del individuo absoluto y el mercado.

Según el artículo 5 de la Constitución Nacional y tras la transferencia de los servicios educativos en los años 90, cada provincia dicta su propia ley de educación y administra sus escuelas. Sin embargo, el Estado Nacional argumenta su intervención basándose en otras facultades como el rol del Estado Nacional como "Garante" de la Educación: La Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo 2, establece que "La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado". El gobierno central interpreta que, como garante último de ese derecho, tiene la responsabilidad de definir el marco normativo general, especialmente cuando se propone un cambio de paradigma.  La Constitución (art. 75, inc. 19) otorga al Congreso Nacional la facultad de sancionar "leyes de organización y de base de la educación" que establezcan los lineamientos generales para todo el país. La Ley 26.206 es una de ellas. El argumento del gobierno es que, para cambiar el modelo, necesita reemplazar esta ley marco con una nueva que habilite explícitamente el homeschooling y el nuevo sistema de financiamiento.
Ademas, el Poder Ejecutivo utiliza decretos de necesidad y urgencia (DNU) y resoluciones, como la de los jóvenes inversores, basándose en argumentos de "emergencia económica" y la necesidad de "desregular" para liberar las fuerzas del mercado. Aunque estas medidas son frecuentemente impugnadas judicialmente, les permiten avanzar con celeridad.

El fin de la escuela como ágora pública

El borrador que busca reemplazar la ley fundamental del sistema educativo no es una mera reforma; es una revolución copernicana con consecuencias devastadoras. Al permitir que cada familia defina los contenidos "acordes a sus ideas", se dinamita el principio de la Unidad Pedagógica Nacional. Este principio, forjado a fuego desde la Ley 1420, no era un capricho estatista: era la herramienta que permitió integrar a los hijos de inmigrantes, garantizar la movilidad social y construir un imaginario compartido de lo que significa ser argentino.

La promoción del homeschooling es el punto final de este proceso. Bajo la retórica de la "libertad de elección", se esconde una abdicación del Estado de su rol principalista. Se pasa de un Estado garante del derecho a la educación a un Estado mero subsididor de elecciones individuales (vía vouchers) o, peor aún, a un espectador pasivo. La experiencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) demostró de manera cruda las profundas desigualdades que genera la educación fuera del aula: la brecha digital, la sobrecarga sobre las familias y la pérdida del espacio escolar como entorno de socialización y contención. Promoverlo como política de Estado es institucionalizar aquella emergencia.

Contenidos mínimos o máxima fragmentación

La idea de que los padres puedan fijar los contenidos es una bomba de tiempo social. En un país ya fracturado por las "grietas", ¿qué pasará cuando los conocimientos básicos de ciencias, historia o formación ciudadana dejen de ser comunes? Se fomentará la creación de guetos ideológicos y religiosos, donde las nuevas generaciones crecerán sin exponerse a ideas diferentes, sin aprender a debatir con el que piensa distinto y sin construir una ética cívica compartida. El espacio público escolar, ese "tejido conectivo" del que habla Oszlak, se resquebraja, y con él, la posibilidad de una convivencia plural futura.

Mientras se minimizan los contenidos educativos consensuados, se maximiza la exposición de los jóvenes a la lógica del mercado financiero. Habilitar a un adolescente, en plena formación de su carácter y su pensamiento crítico, a "invertir en la bolsa" es una decisión temeraria. Se reemplaza la educación financiera básica –que podría enseñarse en la escuela– por la incitación a la especulación. Se premia la ganancia rápida e individual por sobre el esfuerzo colectivo y el conocimiento profundo.

La tradición liberal vs. el neoliberalismo salvaje

Resulta una ironía histórica profunda que este proyecto se autodenomine "libertario". La generación del 80, con su congreso pedagógico y la Ley 1420, era profundamente liberal, pero entendía que un Estado fuerte y presente era esencial para crear una nación. Eran liberales ilustrados, no anarcocapitalistas. Creían en la educación pública como el gran igualador de oportunidades y el pilar de un país soberano. El nuevo libertarismo, en cambio, aboga por un Estado subsidiario que abandona su deber de garantizar derechos fundamentales, delegándolos en la capacidad de pago y la voluntad de cada familia.

Estas medidas no son progreso; son regresión. Nos conducen a un modelo de sociedad donde el bien común se disuelve en una multitud de intereses privados. Donde el hijo del profesional adinerado recibe una educación a medida en su casa y aprende a invertir su mesada, mientras que el hijo de la familia vulnerable se "libera" de la obligación estatal de recibir una educación de calidad, quedando confinado a la precariedad de su hogar.

La tensión central: Nación vs. Provincias
Si el Congreso sanciona una nueva Ley de Educación Nacional: Las provincias estarían obligadas a adecuar sus legislaciones a esta nueva norma marco. Sin embargo, es probable que provincias con gobiernos opositores presenten recursos judiciales, argumentando que la nueva ley vulnera la autonomía provincial o el derecho a una educación de calidad. Si se avanza con decretos y resoluciones: El conflicto es más inmediato. Las provincias pueden simplemente ignorar las directivas o declarar su inconstitucionalidad en sus territorios. Por ejemplo, una provincia puede dictaminar que el homeschooling no está reconocido en su jurisdicción y que, por lo tanto, los niños en esa situación se consideran en situación de desescolarización.

La contraposición entre el modelo actual y el legado de la Ley 1420 y Domingo Sarmiento es tan profunda que representa el choque entre dos proyectos de país fundamentalmente antagónicos.

Sarmiento y la Ley 1420 (1884) se fundamentaba en un Estado tenía un rol principal, activo y constructor. Era el "Estado Docente". Su deber era fundar escuelas, formar maestros, diseñar un plan de estudios único y garantizar el acceso a la educación para crear una nación donde no la había. Sarmiento veía al Estado como el gran civilizador contra la "barbarie".
En el modelo libertario el Estado tiene un rol subsidiario y mínimo. Su función no es proveer educación directamente, sino, en el mejor de los casos, financiar la demanda (familias) a través de vouchers para que elijan en un mercado educativo. Se busca un "repliegue" del Estado, desarmando su capacidad de acción directa.

Para Sarmiento y la Ley 1420 la educación era la herramienta clave para la unificación nacional. Su lema "Educar al Soberano" reflejaba la idea de que solo un pueblo educado podía ser libre y gobernarse. La escuela común era el crisol donde se fundirían los hijos de inmigrantes y nativos, creando una identidad argentina compartida, con un idioma, una historia y unos valores cívicos comunes ("Unidad Pedagógica Nacional").
Para el gobierno, la educación es primordialmente un bien de consumo individual o una responsabilidad familiar. El énfasis está en la "libertad de elección" de los padres. Al promover el homeschooling y que cada familia fije contenidos, se fragmenta deliberadamente ese espacio común, debilitando la construcción de una cultura nacional unificada.

Para Sarmiento y la Ley 1420 eran hijos del Iluminismo y el Positivismo. Creían en la ciencia, la razón y los hechos como bases del progreso. La Ley 1420 estableció la educación laica, no para atacar la religión, sino para que el conocimiento científico (y no el dogma) fuera el pilar del aula. El maestro era la autoridad que transmitía un saber objetivo.
Los libertarios piensan que al permitir que "cada cual fije los contenidos acordes a sus ideas", se relativiza el conocimiento. Se equipara el saber científico con las creencias personales o ideológicas. Esto abre la puerta a que se enseñe en el hogar contenidos anticientíficos, negacionistas o basados únicamente en dogmas, algo que la generación del 80 consideraría un retorno a la barbarie.

Para Sarmiento y la Ley 1420 la escuela pública, gratuita y obligatoria era el gran igualador social. Le daba al hijo del campesino o del inmigrante pobre las mismas herramientas básicas que al hijo de un terrateniente. Soñaban con un sistema de "ascenso por el mérito" que permitiera la movilidad social.
El gobierno impulsa el sistema de vouchers y el homeschooling son, en la práctica, amplificadores de la desigualdad. El voucher probablemente no cubra el costo total de una escuela privada de elite, beneficiando a las clases medias y altas. El homeschooling de calidad requiere recursos, tiempo y capital cultural que solo tienen familias acomodadas. De esta forma, Los sectores más vulnerables quedarán relegados a un Estado que se "lava las manos", ofreciéndoles un voucher insuficiente o la opción de una educación en el hogar sin recursos, profundizando la brecha educativa.

Sarmiento veneraba al maestro. Lo llamó "el apóstol de la civilización". Trajo maestras de Estados Unidos (las "maestras de Sarmiento") porque creía que eran agentes fundamentales para transformar la sociedad.
Milei considera que en el  modelo de mercado, el docente se convierte en un proveedor de un servicio más, sujeto a la "elección" del cliente (la familia). Su autoridad pedagógica se ve debilitada frente a la demanda de los padres, quienes, en el modelo de homeschooling, lo reemplazan por completo.

Sarmiento y la Ley 1420 construyeron la escuela como una "plaza pública": un espacio de encuentro obligatorio, diverso, donde todos, sin importar su origen, compartían un espacio común y aprendían a ser ciudadanos.
El modelo que se propone concibe la educación como un "shopping" o un mercado: las familias, con su voucher en la mano, "consumen" el producto educativo que prefieren, segregándose por ideología, religión o nivel socioeconómico, sin necesidad de cruzarse con quien es diferente. Lo que estamos presenciando no es una simple reforma educativa, sino una batalla por el alma del proyecto nacional. El modelo actual es la negación directa del sueño sarmientino: desarma el Estado Docente, fragmenta la unidad nacional, relativiza el conocimiento basado en la ciencia y abandona la educación como el gran instrumento para crear igualdad de oportunidades. Donde Sarmiento veía una herramienta para unir y civilizar, el libertarismo ve un mercado por liberar y un Estado por reducir.
 

Necesitamos, y creemos que más que nunca, defender la escuela pública como el último bastión de la igualdad de oportunidades. Sostener que el derecho a la educación prevalece sobre la mera "libertad de enseñanza" de unos pocos. Requerimos un Estado presente que, lejos de repliegues ideológicos, fortalezca las instituciones que nos enseñan a vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias. El futuro de la Argentina no se juega en la bolsa de valores; se juega, hoy más que nunca, en las aulas que decidimos conservar o dejar morir.