Educación en el caleidoscopio

Ningún país ha logrado un crecimiento sostenido sin una inversión significativa en educación. Diversos estudios demuestran cómo la educación contribuye directamente al desarrollo económico al formar ciudadanos más capacitados para enfrentar los desafíos del mercado laboral y la innovación tecnológica. En este contexto, San Luis enfrenta un dilema que viene siendo postergado a pesar de las sucesivas administraciones.  Aunque ha logrado equilibrar sus cuentas fiscales en doce meses – según señala el gobierno provincial - el contexto de pobreza generalizada ha hecho que ese esfuerzo no se haya traducido en mejoras concretas para los trabajadores del sector educativo ni para los estatales en general.

Debe recordarse que el Gobierno de San Luis comenzó a cubrir con fondos propios los $500 millones que dejó de enviar la Nación en concepto de Fondo de Incentivo Docente (FONID),  el plus de conectividad desde enero del 2024 y desde febrero fue implementado el Programa Alimentario y Nutricional Escolar (PANE).

Salarios docentes y costo de vida

Aunque se han brindado aumentos salariales, estos se ven rápidamente neutralizados por el aumento constante en los costos básicos como alimentos, transporte y alquileres, el alza de los combustibles y la actualización de las tarifas de energía postergadas por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Esto no solo limita la capacidad adquisitiva de los docentes, sino que desincentiva la profesión, particularmente en un momento en el que se necesita atraer y retener a los mejores talentos en el sistema educativo. ¿Qué pueden pensar los estudiantes de profesorado al reconocer el salario de sus docentes?

La calidad de la educación se conforma con un conjunto de factores que deben tenerse en cuenta. Es un concepto amplio y polisémico, compuesto por diversas dimensiones que incluye aspectos estructurales, materiales, curriculares y pedagógicos, así como los aprendizajes de los estudiantes y los sistemas de evaluación.

La dimensión estructural abarca los recursos destinados a la educación, como el porcentaje de inversión en el sector, los salarios de los docentes y directivos, y los sistemas de adicionales al salario. También incluye la normativa que regula el acceso y ascenso de los docentes, así como las calificaciones necesarias tanto al ingreso como durante su trayectoria laboral. Un sistema educativo bien remunerado y normativamente sólido tiende a ser más eficiente y a garantizar mejores resultados y está directamente vinculada a la motivación y las condiciones laborales de los docentes. En este sentido, la mejora salarial debería ir acompañada de políticas que garanticen estabilidad económica y profesional, lo que incluye bonos ajustables a la inflación.

La dimensión material trata sobre el funcionamiento de los edificios escolares es esencial para garantizar las condiciones necesarias para la enseñanza. La falta de infraestructura adecuada, como gimnasios o espacios recreativos, afecta el desarrollo de actividades esenciales como el deporte. La dimensión curricular aborda el contenido de la propuesta educativa, su currículum y el uso de tecnologías de enseñanza son componentes críticos. Un currículum actualizado define el marco conceptual de lo que es posible enseñar. Además, la integración de tecnologías, como el acceso a bibliografía digital y el uso de TIC, debe estar orientada a agregar valor al proceso de aprendizaje, estableciendo vínculos significativos con el conocimiento. Los aprendizajes suelen ser la dimensión más asociada a la calidad educativa, pero están profundamente condicionados por los factores estructurales, materiales y curriculares previamente mencionados. 

Evaluación de la calidad educativa

Evaluar la calidad educativa es un desafío complejo que requiere abordar múltiples dimensiones. Es necesario evaluar políticas, programas, instituciones, docentes y estudiantes utilizando un conjunto amplio de indicadores. En este sentido, no basta con realizar comparaciones internacionales con un único indicador; se requiere una visión integral que abarque todos los aspectos relevantes del sistema educativo. En los últimos años, ha habido avances al enfocar los recursos educativos en aspectos pedagógicos mediante programas y planes de mejora institucional. Sin embargo, estos esfuerzos aún enfrentan limitaciones debido a la falta de herramientas conceptuales y operativas que permitan mejorar las tecnologías de enseñanza y generar un uso efectivo de los recursos disponibles, como netbooks y libros.

Transparencia y justicia en la gestión educativa

Uno de los puntos críticos que se debe mejorar en el ámbito educativo es la falta de transparencia en los procesos públicos relacionados con la gestión educativa, como la selección de jurados, los proyectos de escuelas generativas y autogestionadas, y los currículums de los responsables. La percepción de favoritismos, nepotismo y falta de meritocracia socava la confianza en las instituciones.

Es imperativo que el gobierno implemente medidas claras para garantizar transparencia, como los concursos públicos y abiertos para cargos clave, con audiencias públicas que permitan el control ciudadano, la publicación obligatoria de currículums y antecedentes de los postulantes seleccionados para posiciones en el sistema educativo y las auditorías independientes sobre el funcionamiento y los resultados de los proyectos de escuelas generativas y autogestionadas.

El ajuste y sus consecuencias

El ajuste económico, en el contexto de un déficit fiscal, no debería recaer desproporcionadamente en los sectores esenciales como la educación. Si bien el gobierno provincial tiene autonomía, el contexto nacional impuesto por políticas de ajuste fiscal expansivas y desorganizadas en algunos casos, propuesto por Milei, ha limitado objetivamente la capacidad de las provincias para priorizar inversiones sociales. San Luis necesita priorizar una política educativa que no solo reconozca el papel crucial de los docentes, sino que también promueva la equidad y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Debe además socializar los subsidios a la educación pública de gestión privada y no solo otorgarlos a las escuelas confesionales. El compromiso con la educación no puede ser meramente declarativo; debe reflejarse en decisiones concretas que permitan un crecimiento sostenible y equitativo para todos.