Gobernador Poggi promulga la ley que reduce la feria judicial: críticas y defensa de la medida

En la Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Poggi firmó el 13 de noviembre del 2025 el decreto de promulgación de la nueva Ley de reducción de la feria judicial, que prevé un receso judicial de dos semanas en enero y otra de una semana a mitad de año, en julio. Las fechas específicas de estos períodos serán fijadas por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Según el decreto, durante esos recesos no correrán los plazos procesales, y se mantendrá la atención de los casos urgentes a través de magistrados y funcionarios especialmente designados. La medida entrará en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2026, otorgando un año de adaptación tanto al sistema judicial como a los abogados. Poggi sostiene que la reforma es parte de un plan más amplio para acelerar la justicia: “la mora judicial te lleva la vida, con juicios de 10, 15 o 20 años”, dijo en una rueda de prensa.
Al restar días de feria, se “recuperan” plazos que actualmente están suspendidos, lo que podría traducirse en más actividad judicial real.

La ley no entra en vigencia de inmediato; el año de gracia hasta fines de 2026 da tiempo para que jueces, empleados judiciales y abogados se adapten al nuevo régimen, por lo tanto la razon esgrimida de la urgencia y rapidez del funcionamiento de la justicia queda soslayada. A pesar del receso, el decreto asegura que asuntos urgentes (como violencia familiar, medidas cautelares, etc.) serán atendidos, lo que evita una interrupción total del servicio judicial.

Rechazo de los colegios de abogados
El Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis (CAPSL), junto con sus pares de Villa Mercedes y Concarán, emitieron un Comunicado Conjunto Urgente en el que declaran su “rechazo institucional” a la reforma. Según ellos, la reducción no solo no resolverá la mora judicial, sino que la empeorará. En una reunión con legisladores, argumentaron que la feria judicial es un “principio ordenador”: concentra las licencias y vacaciones del personal, lo que permite que los juzgados funcionen con plantilla completa el resto del año. 
Además, advierten que abrir más días sin reducir la feria no significa que habrá más jueces activos, ya que podría haber juzgados “abiertos sin personal”: muchos empleados judiciales están de licencia durante julio o enero, si la feria se reduce, los juzgados operarían con déficit de recursos humanos.
Desde Villa Mercedes, su presidenta, Noelia Coniglio, denunció que la promesa de que la medida reducirá la mora es “engañoso”: “La idea de que mermar la feria agilizará el servicio judicial … suena de esa manera”, aseguró. 
También el Colegio Forense de San Luis, que agrupa a los tres colegios provinciales, expresó su “contundente rechazo” a la reforma y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se sumó al apoyo de los colegios locales y advirtió que la feria judicial no es un “privilegio”, sino una herramienta de orden público que protege el descanso profesional y la calidad de las resoluciones. 

Críticas de los trabajadores judiciales
La Federación Judicial Argentina (FJA) también se pronunció con firmeza en contra. En su comunicado, califica la medida como una regresión inadmisible en derechos laborales y democráticos, y afirma que vulnera “derechos adquiridos” y “viola abiertamente” la Constitución provincial y nacional. El Corredor Noticias La FJA advierte que cambiar las condiciones laborales de forma unilateral vulnera el principio de negociación colectiva, ya que “solo pueden resolverse en comisiones paritarias”. Amenazan con acciones sindicales y judiciales para frenar la implementación de la norma, si no hay una revocación de la decisión por parte del Gobierno. 
 
La firma por parte de Poggi del decreto de promulgación marca un paso firme en su plan para reformar el funcionamiento del Poder Judicial provincial. Bajo su visión, reducir la feria es un mecanismo para dinamizar los procesos, recuperar plazos y mejorar la eficiencia judicial. Incluso con la atención a casos urgentes garantizada, para el gobierno es una manera de “no cerrar el centro de salud durante 45 días”, como él mismo señaló, sino mantener la actividad judicial con menos recesos. 

Sin embargo, los principales actores del sistema judicial (abogados y empleados) no comparten esa mirada. Para los colegios de abogados, la feria no es un capricho, sino un "instrumento organizativo": concentra las licencias del personal y regula el funcionamiento del sistema. Si se reduce sin un plan serio de recursos humanos, advierten, podrían producirse juzgados abiertos pero sin empleados, lo que compromete la calidad de la justicia. Además, el argumento oficial de que la reforma disminuirá la mora es cuestionado: para ellos, la disminución de recesos no necesariamente acelera la resolución de causas, y podría generar más desorden.

Por otro lado, la FJA presenta un argumento constitucional y laboral: cambiar las condiciones de trabajo sin negociación colectiva vulnera derechos y podría derivar en conflicto sindical. La amenaza de acciones legales y sindicales no es menor, y podría generar una batalla institucional prolongada. Para la ciudadanía, la reforma tiene un doble filo: por un lado, podría permitir mayor acceso a la justicia al reducir tiempos muertos durante los recesos; por otro, si no se acompaña con más recursos o personal judicial, podría derivar en una justicia más lenta o desorganizada, justamente lo que se pretende evitar.

La promulgación de la ley por parte del gobernador Poggi abre una nueva etapa para el sistema judicial de San Luis, con promesas de agilizar la justicia. Pero el fuerte rechazo de los colegios de abogados —tanto de San Luis como de Villa Mercedes— y de los trabajadores judiciales pone en evidencia que no hay consenso sobre la medida. Si bien el Gobierno ofrece un lapso de adaptación, la tensión entre eficiencia judicial y derechos laborales-profesionales podría marcar la implementación de esta reforma. Queda por ver si, en la práctica, la reducción de la feria se traduce realmente en una justicia más ágil o si, por el contrario, desencadena problemas estructurales que dificulten su funcionamiento