Marcha universitaria del 2 de Octubre

La marcha del 2 de octubre fue multitudinaria en todo el pais y expuso la sensible convocatoria de la comunidad universitaria. El ajuste presupuestario también ha afectado otros sectores del gasto público, como jubilaciones y pensiones, lo que forma parte del esfuerzo del gobierno por equilibrar las cuentas fiscales. La falta de un presupuesto aprobado para 2024 ha llevado a la utilización del presupuesto de 2023 con actualizaciones insuficientes frente a la inflación, lo que ha erosionado el valor de las transferencias.

El gobierno de Javier Milei ha implementado un ajuste presupuestario significativo en las universidades nacionales de Argentina, con una reducción del 32,1% en el financiamiento total entre enero y septiembre de 2024. Esta cifra surge de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración (Asap) y refleja el impacto de la caída en las transferencias que el Estado Nacional realiza a 59 universidades públicas.

Cabe destacar que las transferencias se destinan principalmente a cubrir gastos corrientes, ya que los gastos de capital (inversiones en infraestructura) han sido eliminados. En contraste, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo recibió la totalidad de los fondos asignados, $905 millones en nueve meses, tras una orden judicial que reestableció sus partidas luego de que el gobierno decidiera suspenderlas inicialmente.

Este ajuste ha generado fuertes reacciones, incluyendo una masiva marcha universitaria en Córdoba, donde estudiantes y docentes se movilizaron en defensa del financiamiento universitario. Las universidades han señalado que los recortes ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones y afectan directamente el derecho a la educación.
 
Tras la masiva marcha, Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno ratificó el veto total a la ley aprobada por el Congreso y reclamada por la multitudinaria manifestación de hoy. Además, en un comunicado, acusó a la oposición de organizarse con el objetivo de obstruir su plan económico.

Después de la marcha federal universitaria, el Gobierno publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer "dañar al gobierno políticamente" y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Más temprano, en un comunicado, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar "un nuevo frente de izquierda populista". Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei rechazo la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La medida era respaldada por una buena parte de la sociedad civil.