La "Ley Omnibus" de Milei

La conocida "Ley Ómnibus" enviada por el presidente argentino Javier Milei al congreso es un extenso proyecto que busca reformar diversos aspectos del Estado argentino, abarcando 664 artículos y 6 anexos. El objetivo principal es desregular la economía e implementar cambios en sectores como salud, educación, seguridad, entre otros. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asignó a tres comisiones la responsabilidad de dictaminar sobre este megaproyecto.

El proyecto propone una amplia delegación legislativa al Poder Ejecutivo hasta 2025, con posibilidad de prorrogar hasta 2027, declarando la "emergencia pública" en diversas áreas. Se destaca la privatización de 41 empresas públicas, incluyendo YPF y Aerolíneas Argentinas. Además, contempla la derogación de 14 leyes y modificación de 150 artículos de 21 normas. EL proyecto incluye la derogación completa de 14 leyes y de 150 artículos que modifican otras 21 normas, un Decreto de Necesidad y Urgencia y 5 decretos comunes.

A los 664 artículos del cuerpo central del proyecto, se suman 283 más, comprendidos en 6 anexos: el Listado de Empresas Públicas Sujetas a privatización, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la ley de Defensa de la Competencia, la ley de Procesos sucesorios, los sectores incluidos en el RIGI, y la ley de Juicios por jurados. En total, suman 947.

El proyecto justifica la privatizacion de las empresas publicas en la idea de generar “mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”. En ese sentido, establece que se constituirán sociedades anónimas, “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. El proyecto lista en el Anexo I las 41 empresas sujetas a privatización, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), Corredores Viales, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), entre otras. Mediante la derogación y modificación de dos artículos de la ley de Actividad Nuclear, se incluyó Nucleoeléctrica Argentina SA.

Entre los puntos más destacados, se encuentran cambios en la salud mental, la implementación de exámenes integradores al finalizar la secundaria, y la posibilidad de cobrar cuotas a extranjeros en universidades públicas. También se proponen modificaciones en materia penal, incluyendo nuevos controles a manifestaciones y cambios en la interpretación de la "legítima defensa". En el ámbito electoral, se busca derogar las Primarias abiertas y restituir el calendario electoral previo a 2009.

Las normas que el texto busca eliminar por completo son: la ley de aranceles para la importación de azúcar; la del precio uniforme de venta al público de los libros; la que regula la instalación y uso de sistemas para la recepción de señales de radiodifusión provenientes de satélites; la de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenen animales, se elaboren y depositen productos de origen animal; la que autoriza a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a importar como material secreto de seguridad; la de exenciones impositivas destiandas a promover la construcciones, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional; la de promoción del turismo por medio de líneas de transporte; la que estipula que en caso de demoliciones de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio otra sala con las mismas características; y la de descuentos para artistas en pasajes de empresas estatales de transporte.

El mega DNU  propone derogar las leyes de creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); del Instituto Nacional del Teatro; la ley del Museo, Biblioteca y Archivo del Trabajo y del Movimiento Obrero Argentino; y el decreto-ley que creó el Fondo Nacional de las Artes. Hay otros organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que sufrirán modificaciones en su estructura.

En el aspecto impositivo, se propone un blanqueo impositivo para regularizar hasta USD 100,000 sin pagar impuestos. Además, se plantea una moratoria en obligaciones tributarias y derechos de exportación para productos de economías regionales.

En materia penal, propone cinco modificaciones al Código Penal. Una de ellas incorpora nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas a quienes corten la calle e impidan el normal funcionamiento del transporte. El proyecto especifica que se sancionara especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse. Establece también la obligatoriedad de notificar “fehacientemente” al Ministerio de Seguridad toda “reunión o manifestación, y el organismo podrá oponerse por “cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o la seguridad nacional”.

El proyecto modifica la interpretación de la “legítima defensa”. Establece que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Aunque el proyecto genera controversias y críticas, el oficialismo busca acelerar su aprobación antes de que finalice enero, aprovechando la popularidad del presidente Javier Milei. Sin embargo, la falta de celeridad en la conformación de comisiones ha generado tensiones en el proceso.