El Gobierno avanza con su reforma en educación que establece cambios clave del proyecto de “libertad educativa”

En el marco de la presentación de las conclusiones del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional oficializó este martes el envío al Congreso del proyecto de "Ley de Libertad Educativa", una reforma integral que busca reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa, de 169 artículos, promete una reestructuración profunda del sistema educativo argentino, con eje en la autonomía institucional, la elección familiar y una nueva lógica de financiamiento y evaluación.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el proyecto, cuyos lineamientos generales habían sido anticipados en la primera Ley Bases de diciembre de 2023 y luego trabajados entre la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desregulación. Federico Sturzenegger, integrante del Consejo de Mayo, había anunciado previamente que se trataba de "una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años".

El informe del Consejo fundamenta la reforma en un diagnóstico crítico: "Aunque el deterioro educativo en nuestro país es multicausal, el factor principal de nuestra decadencia reside en los graves déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas". La propuesta responde con un modelo que coloca a "las familias, los docentes, los directores y los estudiantes como los verdaderos protagonistas". Tras la polémica generada por un borrador filtrado en noviembre, la versión oficial descartó una medida controversial: la habilitación de la "enseñanza religiosa confesional" optativa en escuelas públicas. Sin embargo, mantiene y profundiza otros cinco ejes transformadores.

1. Mayor autonomía escolar: planes de estudio y calendarios propios
El proyecto convierte a la autonomía en un pilar central. Las instituciones educativas estatales tendrán la facultad de elaborar sus propios planes de estudio, métodos de enseñanza, organización interna y calendario escolar, siempre dentro de los "contenidos mínimos comunes nacionales" que fijarán Nación y provincias. Estos contenidos no podrán ocupar más del 75% del tiempo escolar, reservando un 25% para definición institucional.

Los directores de escuelas estatales podrán, además, seleccionar y proponer la contratación de docentes (sujeta a ratificación provincial) y proponer sanciones al personal. El calendario se fija en horas mínimas anuales (540 para inicial, 720 para primaria y secundaria), por debajo de los pisos acordados en 2024 en el Consejo Federal, permitiendo a cada escuela definir su propio cronograma. Permitir que cada escuela defina su plan de estudios, calendario y métodos puede llevar a una fragmentación del sistema educativo, donde la calidad y los contenidos varíen drásticamente entre regiones y entre escuelas de distintos contextos socioeconómicos. Establecer un piso de 720 horas anuales para primaria y secundaria (frente a las 760 y 900 acordadas federalmente en 2024) podría reducir el tiempo de aprendizaje efectivo, especialmente en contextos vulnerables y al eliminar la exigencia de inversión idéntica por alumno en escuelas estatales y privadas, y al priorizar mecanismos de "demanda" (vales, bonos), se podría profundizar la segregación escolar y debilitar la educación pública.

2. Un rol protagónico para las familias: consejos, información y elección
La familia es designada como "el agente natural y primario de la educación". Esto se traduce en la creación de "consejos de padres" en escuelas estatales, que incidirán en el nombramiento y remoción de directivos y en la elaboración de reglamentos internos.

Si bien se regula, el homeschooling es una práctica compleja en países con altos niveles de pobreza y desigualdad. Puede debilitar la función social de la escuela como espacio de socialización, detección de violencias y garantía de derechos. La exigencia de evaluaciones estandarizadas para acreditar contenidos puede no ser suficiente para garantizar una educación integral, especialmente si no hay un seguimiento pedagógico continuo.

El Estado nacional podrá publicar los resultados de las evaluaciones nacionales desagregados por escuela (sin identificar alumnos o docentes), información actualmente restringida, para que las familias puedan tomar "decisiones informadas". El proyecto también menciona explícitamente mecanismos de financiamiento directo a la demanda, como vales o becas.

3. Homeschooling y educación virtual: "formas alternativas" reguladas
Por primera vez se formaliza a nivel nacional la Educación en el Hogar o homeschooling, junto con la educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje (que puede ser impartida por instituciones extranjeras). Los estudiantes bajo estas modalidades deberán inscribirse en un registro provincial y acreditar los contenidos mínimos mediante evaluaciones estandarizadas rendidas en cualquier escuela. El texto incluye una salvaguarda: los organismos jurisdiccionales tendrán acceso a la información necesaria para prevenir y detectar vulneraciones de derechos de los niños y adolescentes en el ámbito familiar.

La publicación de resultados por escuela, junto a financiamiento basado en desempeño y "elección familiar", puede convertir la educación en un mercado competitivo, donde las escuelas con mejores resultados atraigan más recursos y alumnos, dejando atrás a las que trabajan en contextos más desafiantes.
El rol de los "consejos de padres" en la remoción de directivos podría politizar la gestión escolar o someterla a presiones de grupos minoritarios.

4. Evaluación constante y un nuevo examen final de secundaria
Se mantienen las evaluaciones nacionales (Aprender), que ahora también incluirán el desempeño de docentes y directivos. La gran novedad es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria que integrará conocimientos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales.

La evaluación docente se fortalece: se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente (en reemplazo del INFoD) y se establece que la estabilidad laboral estará vinculada al "desempeño satisfactorio". Habrá evaluaciones periódicas (cada cuatro años como máximo) centradas en competencias pedagógicas y resultados de los alumnos.

El énfasis en evaluaciones estandarizadas (ENES, Aprender) y en la vinculación de la estabilidad docente al desempeño puede reducir la educación a resultados cuantificables, descuidando aspectos socioemocionales, artísticos y críticos. En contextos de precariedad infraestructural y alta vulnerabilidad social, evaluar el "desempeño" docente sin considerar dichos factores es problemático.

5. Una nueva lógica de financiamiento: sin el 6% del PBI y fondos por desempeño
El proyecto elimina la meta de inversión educativa del 6% del PBI, estableciendo que la financiación de la educación básica "es un deber de las jurisdicciones". Promueve la "transparencia" y un sistema federal de monitoreo de la inversión.

Al eliminar el 6% del PBI como meta de financiamiento y declarar que la educación básica es un "deber de las jurisdicciones", se reduce el compromiso fiscal nacional con la educación, transfiriendo la carga a provincias con capacidades económicas muy desiguales. La "esencialidad" de la educación, usada para limitar medidas de fuerza, puede vulnerar derechos laborales docentes sin abordar las causas de los conflictos (salarios, condiciones de trabajo).

Para las universidades públicas, se reforma la Ley de Educación Superior con un esquema de financiamiento basado en fórmulas. El 75% de los fondos se asignará por la cantidad de estudiantes (considerando solo a los regulares que aprueben al menos dos materias anuales), ajustada por costos de carreras y áreas estratégicas. El 20% dependerá del desempeño (egresados, investigación, extensión) y el 5% restante se ligará a contratos-programa con metas verificables. Se establece, además, que las universidades estatales estarán sujetas a auditorías de la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación.

Condicionar el 20% del financiamiento universitario a cantidad de egresados, investigación y extensión, y solo considerar "alumno regular" a quien apruebe dos materias anuales, puede castigar a universidades que reciben estudiantes con trayectorias educativas más débiles (típicas de sectores vulnerables) y priorizar carreras "económicamente eficientes" sobre otras de valor social. La auditoría externa por parte de organismos nacionales podría interpretarse como un intento de control político sobre la autonomía universitari

El proyecto de "libertad educativa" inicia ahora su camino legislativo, donde se debatirá una reforma que toca pilares fundamentales de la organización escolar argentina de las últimas décadas.