Presupuesto educativo 2026: el Estado invertirá la mitad que hace diez años

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo y actualmente debatido en el Congreso plantea una paradoja: anuncia una recuperación nominal del gasto educativo nacional, pero consolida —en términos históricos— un retroceso profundo del financiamiento que ya acumula más de diez años. Según el informe de Argentinos por la Educación, elaborado por los economistas Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, el Estado nacional destinará el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) a la función “Educación y Cultura”. La cifra es prácticamente igual a la de 2025 (0,73%) y 2024 (0,88%), y menos de la mitad del 1,52% que se invertía en 2016.

En otras palabras, Argentina destina hoy a la educación nacional un porcentaje del PBI similar al de 2005, antes de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo que establecía como meta el 6% del PBI para el conjunto Nación–provincias, una meta que solo se alcanzó en 2015.

 
Recuperación nominal: entre 4,4% y 8%
El informe de Argentinos por la Educación señala que el presupuesto 2026 prevé un aumento del gasto educativo nacional en términos reales de entre 4,4% y 8%, dependiendo de si se cumple la proyección inflacionaria del Gobierno (13,8%) o la del Relevamiento de Expectativas del Mercado (17,8%). En pesos constantes de 2025, el monto total ascendería a $6,8 billones, frente a los $6,2 billones de 2025. Sin embargo, el contexto revela la magnitud de la caída: en 2023 el Estado nacional había destinado $12,3 billones a educación, ya por debajo del máximo histórico de $12,9 billones en 2015, cuando la inversión alcanzó el 1,59% del PBI. Según el Ministerio de Economía, el presupuesto educativo de 2025 equivale a apenas la mitad (50,9%) de lo invertido en 2023. El leve crecimiento proyectado para 2026 no revierte, entonces, la pérdida acumulada. “Hay una reversión de más de dos décadas de la inversión educativa”, advirtió Javier Curcio, coautor del informe, en diálogo con Infobae.

 
Distribución desigual: universidades y alfabetización ganan terreno
Dentro de la Secretaría de Educación, las universidades continúan concentrando la mayor parte de los recursos. En 2026 recibirán el 77% del presupuesto del área, un leve descenso respecto al 79,1% de 2025, pero aún una proporción ampliamente mayoritaria. El proyecto oficial no contempla la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), promulgada en octubre pero suspendida por decreto, lo que ha generado tensiones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA. Por debajo de las universidades se ubica el Plan Nacional de Alfabetización, que absorberá el 9,2% de los fondos de la Secretaría, con un incremento real superior al 60%. El informe remarca, sin embargo, un cambio en las prioridades del programa: el 82,1% de los recursos se destinarán a la ampliación de la jornada extendida, mientras que caen las partidas para formación docente (-25,2%), materiales educativos (+7,8% nominal, por debajo de la inflación) y promoción de la lectura (+0,8%). La tercera línea de gasto más importante serán las becas estudiantiles, con el 5,8% del total. Sin embargo, según el espacio peronista Imaginar y Transformar, las Becas Progresar registraron una reducción real del 78% desde 2023, junto con una caída del 37% en la cantidad de beneficiarios y el congelamiento del monto en 35.000 pesos.

 
Formación docente y tecnología, entre los más castigados
El Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) verá una variación interanual de apenas 2,7% nominal, muy por debajo de la inflación prevista. Desde 2023, la caída acumulada supera el 73%, según los cálculos de Imaginar y Transformar. Por su parte, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) sufrirá una reducción del 49,6% en sus partidas destinadas a innovación y desarrollo de la formación técnica. En términos generales, la Secretaría de Educación tendrá uno de los aumentos nominales más altos dentro del Estado (17,9%), pero el crecimiento real es casi nulo: entre 0,1% y 3,6%, dependiendo del escenario inflacionario.

 
Las provincias también recortan
La Nación aporta solo el 25% del gasto educativo público total. El 75% restante corresponde a las provincias, que también han sufrido recortes. Si bien los datos provinciales llegan hasta 2023, el análisis de los salarios docentes —que representan cerca del 90% de los presupuestos educativos locales— muestra caídas reales en todas las jurisdicciones durante la última década. En Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la pérdida salarial supera el 40%, según datos del economista Alejandro Morduchowicz.

 
La derogación del artículo 9: un cambio estructural
El proyecto oficial propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba la meta del 6% del PBI para el gasto consolidado en educación. Para Curcio, se trata de un punto crítico: “Es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria. Se necesitan reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstale el compromiso del país con la educación y la ciencia”. La eliminación de ese piso legal, sumada a la baja participación del gasto educativo en el PBI, deja al sistema sin un horizonte financiero de largo plazo.

 
Entre la estabilización y el ajuste
El informe de Argentinos por la Educación y los datos oficiales coinciden en un diagnóstico: 2026 podría representar un punto de estabilización, pero no una recuperación real. El país destinará una proporción de su riqueza a la educación similar a la de hace veinte años. Mientras tanto, los recortes afectan con más fuerza a los niveles inicial, primario y secundario, los más vinculados con la equidad social y la reducción de brechas educativas. Los programas de alfabetización y las becas, que podrían compensar parte de esa desigualdad, siguen siendo insuficientes frente al deterioro de salarios, infraestructura y materiales. El presupuesto educativo 2026 expresa una prioridad discursiva sin respaldo estructural: crece en los papeles, pero sigue muy por debajo de las necesidades del sistema. Si no se recupera el financiamiento sostenido, la educación argentina corre el riesgo de seguir atrapada entre la nominalidad del ajuste y la retórica de la inversión.