
Presupuesto 2026: La Provincia oficializó un proyecto "austero", sin aumentos para estatales
ActualidadHace 2 horasEl presupuesto o la emergencia: un dibujo
Un video casero, una pizarra de fondo y las medallas ganadas en competencias de atletismo colgadas en la pared. Así eligió defenderse públicamente Pablo Javier Berselli, un docente puntano de 54 años con 31 de trayectoria en las aulas, que hoy enfrenta un proceso administrativo de cesantía acusado de presentar un certificado médico trucho para justificar una ausencia laboral.
El Gobierno provincial, encabezado por Claudio Poggi, lo señala como parte de una supuesta red de docentes y empleados estatales que habrían utilizado documentación apócrifa para ausentarse de sus puestos de trabajo. Berselli niega la acusación con vehemencia y asegura que es víctima de una “caza de brujas”.
“Nunca tuve una denuncia”
“En 31 años de trabajo jamás tuve una denuncia penal. No fumo, no tomo, soy disciplinado, me entreno todos los días. Ningún político puede decir que es la mitad de honesto que yo”, expresó en el video difundido en redes sociales. Allí, el profesor se presenta no solo como docente, sino también como atleta aficionado que compite en pruebas de 42 y 21 kilómetros.
La investigación comenzó en julio de 2023, cuando el educador presentó un certificado médico tras ausentarse un día por enfermedad. “Pedí el certificado a un médico y me lo otorgó al instante. No sabía que era trucho”, argumentó. Sin embargo, un año y medio después, su nombre apareció en la lista de trabajadores públicos bajo sospecha. Primero fue suspendido tres meses sin goce de sueldo, y ahora enfrenta la expulsión definitiva del sistema educativo provincial.
En su descargo público, Berselli no solo negó haber comprado certificados, sino que también denunció la existencia de conductas graves dentro de las escuelas que, según él, nunca fueron investigadas. “He visto maestros borrachos, drogadictos y ladrones, que se robaban cosas de las escuelas. Los denuncié, pero nunca me escucharon”, disparó. Además, cuestionó la proporcionalidad de la sanción: “Me suspendieron tres meses sin cobrar por faltar un solo día. Sospecho que alguien se adueñó de ese dinero”.
El docente aseguró haber presentado pruebas legales en su favor: certificados de asistencia perfecta durante 2024, constancias de que nunca utilizó los cinco días de licencia particular que le corresponde por estatuto y descargos escritos. Sin embargo, manifestó que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta. “Me quieren expulsar de mi trabajo”, insistió, y añadió que el verdadero fraude contra el Estado no proviene de los docentes, sino de la clase política. “Los que estafan son los que siempre estuvieron en la política. En San Luis hubo tiranía antes y sigue habiéndola ahora”, denunció.
Un conflicto que crece
El caso de Berselli se suma a otros expedientes que el Gobierno provincial estaría evaluando en el marco de un operativo de control sobre certificados médicos y licencias laborales. Mientras avanza el proceso administrativo que podría dejarlo sin empleo tras más de tres décadas en la docencia, Berselli redobla su apuesta desde la exposición pública. “Soy honesto, disciplinado y trabajador. No me voy a quedar callado”, concluyó.
El presupuesto o la emergencia: un dibujo
El proyecto de $1,8 billones prioriza educación, salud y seguridad, y destina la mitad de la obra pública a viviendas. Sin embargo, congela los salarios estatales en una provincia con bajos ingresos, lo que genera dudas sobre el dinamismo económico.
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