Redefinir el desarrollo de la industria argentina

El debate sobre el futuro de la industria en la Argentina se inscribe en un contexto de profundas transformaciones del capitalismo global. Lejos de anunciar su desaparición, los cambios tecnológicos, la reconfiguración geopolítica y la transición energética obligan a repensar el significado mismo de la industria y su rol en las estrategias nacionales de desarrollo. El dossier Deberia considerarse abandonar tanto las visiones nostálgicas del industrialismo clásico como las lecturas que decretan su irrelevancia, para avanzar hacia una conceptualización más compleja y realista del desarrollo productivo argentino en el siglo XXI.

Pensar la industria argentina en el período 2030–2035, significa reconocer las tendencias globales y las relaciones estratégicas con Estados Unidos y China. La industria argentina no ha desaparecido, pero sí ha perdido su centralidad como sector aislado, convirtiéndose en parte de una matriz productiva más amplia, integrada por servicios, tecnología, conocimiento y un Estado activo.

Milei propone para Argentina una economía ultraliberal y de libre mercado, con un Estado mínimo, apertura comercial total y reducción drástica del gasto público. En su visión, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento surgen de mercados libres, pocas regulaciones y una estructura estatal muy reducida. El programa económico e industrial impulsado por el presidente argentino Javier Milei, iniciado tras su asunción en diciembre de 2023, se inscribe dentro de una concepción liberal radical de la economía, inspirada en la escuela austríaca y en principios de libre mercado. Dicho enfoque propone una transformación estructural profunda del rol del Estado, de la política macroeconómica y de la relación entre el sector público y el aparato productivo. A diferencia de modelos desarrollistas o de industrialización por sustitución de importaciones, el plan de Milei rechaza explícitamente la intervención estatal como instrumento de promoción sectorial.

Lineamientos generales del plan económico
El eje central del programa económico es la estabilización macroeconómica mediante el equilibrio fiscal permanente y la eliminación del financiamiento monetario del déficit. Para ello, el gobierno plantea una reducción drástica del gasto público, la eliminación de subsidios económicos, la reestructuración del Estado nacional y la privatización de empresas públicas. El objetivo declarado es alcanzar y sostener el superávit fiscal como condición necesaria para reducir la inflación y restablecer la confianza de los mercados. En el plano monetario, el programa propone la liberalización del mercado cambiario y la eliminación progresiva de los controles de capitales, con la dolarización de la economía como horizonte de largo plazo. Esta estrategia busca anclar expectativas inflacionarias y eliminar la discrecionalidad de la política monetaria, aun al costo de renunciar a instrumentos tradicionales de estabilización macroeconómica. Asimismo, el plan incluye una amplia agenda de desregulación económica, orientada a reducir barreras legales y administrativas a la actividad privada. La eliminación de controles de precios, restricciones comerciales y regulaciones laborales es presentada como un mecanismo para aumentar la eficiencia, atraer inversiones y mejorar la competitividad sistémica.

Concepción de la política industrial
En contraste con experiencias históricas de política industrial en Argentina, el gobierno de Milei no propone un esquema de promoción sectorial basado en subsidios, protección arancelaria o planificación estatal. Desde su perspectiva, no existe una “política industrial” diferenciada de la política macroeconómica general. El rol del Estado no es orientar la estructura productiva, sino garantizar reglas de juego estables, derechos de propiedad y apertura a la competencia internacional. La apertura comercial constituye un pilar central de este enfoque. La industria nacional queda expuesta a la competencia externa sin mecanismos de protección específicos, bajo el supuesto de que la eficiencia productiva surge del mercado y no de la intervención estatal. En este marco, las empresas que no logren adaptarse a las condiciones internacionales enfrentarían procesos de reconversión o salida del mercado.

No obstante, el gobierno introduce un régimen particular de promoción denominado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a atraer proyectos de gran escala, principalmente en sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología. Este régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y estabilidad normativa a largo plazo, priorizando inversiones intensivas en capital y orientadas a la exportación.

 
En las primeras décadas del siglo XXI, las economías centrales han iniciado procesos de reindustrialización selectiva, impulsados por razones geopolíticas, tecnológicas y de seguridad económica. Estados Unidos, China y la Unión Europea no promueven una industrialización masiva de tipo fordista, sino el fortalecimiento de sectores estratégicos vinculados a la energía, la tecnología, la salud y la defensa. En este marco, la industria deja de ser un mero espacio de producción de bienes para convertirse en un activo estratégico asociado al control de cadenas globales de valor. Asimismo, la frontera entre industria y servicios se vuelve cada vez más difusa. La productividad ya no depende exclusivamente de la capacidad manufacturera, sino de la integración con servicios intensivos en conocimiento, software, automatización y logística avanzada. La transición energética, por su parte, redefine las disputas por recursos naturales estratégicos, abriendo oportunidades y riesgos para los países periféricos.

El desafío no consiste en reconstruir ese pasado, sino en redefinir el proyecto de desarrollo en función de una nueva realidad productiva y laboral. Desde esta perspectiva, insistir en una defensa acrítica de la industria tradicional implica desconocer las transformaciones estructurales del capitalismo contemporáneo. Sin embargo, abandonar la dimensión productiva conduciría a una profundización de la desigualdad y la dependencia externa. El dilema no es industria o postindustria, sino la construcción de una sociedad productiva capaz de garantizar cohesión social y movilidad económica en un contexto de empleo fragmentado. Por un lado, probablemente el país nunca alcanzó un nivel de industrialización comparable al de las economías centrales; por otro, demuestra que la industria sigue teniendo un peso significativo en el empleo, las exportaciones y la innovación. El problema central no radica en su inviabilidad, sino en su baja productividad, escasa diversificación y dependencia tecnológica. Este enfoque pone de relieve la necesidad de una discusión basada en evidencia empírica y no en consignas ideológicas. Pensar la industria hacia 2030–2035 exige reconocer sus límites estructurales —mercado interno acotado, restricción externa y debilidades financieras—, sin por ello renunciar a su papel en una estrategia de desarrollo más amplia.

Matías Kulfas ha propuesto avanzar hacia una política industrial “sin nostalgia”, orientada al presente y al futuro. Esta perspectiva reconoce la pérdida de centralidad de la industria manufacturera tradicional, pero subraya su potencial si se articula con la economía del conocimiento, la ciencia, la tecnología y los recursos naturales. Lejos de un proteccionismo indiscriminado o del repliegue estatal, se plantea la necesidad de políticas activas, selectivas y realistas. En este marco, la industria debe pensarse como parte de complejos productivos que integren manufactura, servicios y tecnología, priorizando sectores con potencial de encadenamientos y generación de divisas. La selectividad, lejos de ser una debilidad, constituye una condición de viabilidad en un contexto de recursos escasos.

El escenario global hacia 2030–2035 estará marcado por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Para la Argentina, esta disputa no admite alineamientos automáticos. Estados Unidos representa un socio clave en materia energética, tecnológica y financiera, mientras que China es un actor central como demandante de commodities e inversor en infraestructura. Sin embargo, ambos vínculos conllevan riesgos de dependencia y reprimarización. Una estrategia industrial inteligente requiere un pragmatismo activo que aproveche las oportunidades comerciales y financieras sin resignar capacidades productivas locales. En este sentido, la política industrial se vuelve inseparable de la política exterior y de la capacidad del Estado para negociar encadenamientos, transferencia tecnológica y mayor valor agregado.

Pensar la industria argentina en el horizonte 2030–2035 implica abandonar tanto la nostalgia industrial como el determinismo postindustrial. La industria no está muerta, pero ya no puede concebirse como el eje exclusivo del desarrollo. El desafío consiste en construir una matriz productiva compleja, capaz de articular industria, servicios, tecnología y recursos naturales bajo la coordinación de un Estado activo. En este contexto, el debate no es si industrializarse o no, sino cómo hacerlo en el siglo XXI, con realismo, evidencia empírica y una lectura estratégica del escenario global. Para la Argentina —y para el peronismo como tradición política— el reto central es redefinir el desarrollo productivo como base de la justicia social en un mundo profundamente transformado.