Viviendas Sociales y Transparencia Pública

San Luis lleva cuatro décadas presentándose como un modelo nacional en políticas habitacionales. Desde 1983, durante la sucesión de gobiernos del peronismo puntano, el relato oficial asegura que la provincia construyó entre 65.000 y 75.000 viviendas sociales, una cifra que, de ser cierta, la ubicaría como una de las jurisdicciones con mayor cobertura habitacional per cápita del país. Sin embargo, la atribución de esas obras por gobernador sigue siendo un terreno pantanoso. Las fuentes oficiales no presentan un registro unificado por períodos de gestión, y los boletines oficiales solo documentan licitaciones fragmentarias, muchas veces sin especificar la cantidad exacta de adjudicaciones finalizadas.

Ante la ausencia de estadísticas públicas consolidadas, se realizó un relevamiento estimativo en base a tres tipos de fuentes como el archivo del Boletín Oficial de San Luis (1983-2023): publicaciones de adjudicaciones y llamados a licitación vinculados a planes de vivienda provinciales, los discursos de apertura de sesiones legislativas: menciones en mensajes de gobernadores ante la Legislatura durante los actos de inicio de año parlamentario. y los recortes de prensa de medios locales y nacionales: El Diario de la República, Agencia San Luis, Clarín y La Nación.

Desde el retorno de la democracia en 1983, la política habitacional de San Luis ha atravesado distintas etapas según el gobernador de turno. Durante el extenso período de Adolfo Rodríguez Saá, entre 1983 y 2001, se estima que se construyeron entre 35.000 y 40.000 viviendas sociales. Es considerado el principal impulsor del modelo habitacional puntano y, especialmente durante la década del ’90, se registraron los mayores picos de adjudicación.

Entre 2001 y 2003, durante el breve interregno de María Alicia Lemme y Daniel Pérsico Martín, se continuaron los planes ya en marcha, con una estimación de 1.500 a 2.000 viviendas finalizadas.

La llegada de Alberto Rodríguez Saá en su primer mandato (2003-2011) marca el inicio de una controversia. Mientras el gobierno sostiene que mantuvo la continuidad del modelo, diversos sectores opositores afirman que se produjo una desaceleración. Las cifras estimadas para este período oscilan entre 8.000 y 12.000 viviendas.

Con el gobierno de Claudio Poggi (2011-2015) se observa un intento de reactivación parcial, mediante esquemas de financiamiento mixto. Para estos años, se calcula la entrega de entre 5.000 y 7.000 viviendas.

En su segundo mandato (2015-2023), Alberto Rodríguez Saá relanzó programas habitacionales con anuncios de gran difusión pública, aunque no todas las adjudicaciones se tradujeron en entregas efectivas. Se estima que en esta etapa se lograron concretar entre 10.000 y 12.000 viviendas.

Finalmente, Claudio Poggi, desde su retorno al poder en diciembre de 2023, transita una etapa inicial de reactivación, aunque aún no existe información consolidada que permita cuantificar resultados.

Una parte importante del arco político sanluiseña sostiene que durante los mandatos de Alberto Rodríguez Saá la construcción de viviendas se redujo drásticamente o incluso se paralizó. Esa percepción surge de la mnor cantidad de actos de entrega documentados públicamente respecto de la era Adolfo, el crecimiento del número de inscriptos sin respuesta en el Registro Único de Vivienda, los testimonios de exfuncionarios que señalan un giro hacia obras de mayor impacto simbólico (autódromos, parques, festivales) en detrimento de la inversión habitacional. Sin embargo, el discurso oficial del gobierno asegura lo contrario: en sus balances de gestión, Alberto reivindica haber construido “más de 25.000 viviendas en dos mandatos”. Esa cifra no pudo ser verificada.

 
Transparencia pendiente
La provincia de San Luis no cuenta con un Registro Público de Viviendas Adjudicadas por año y por gestión, lo cual dificulta cualquier reconstrucción precisa. Mientras tanto, la disputa política continúa: ¿fue el modelo habitacional un proyecto sostenido de Estado o un sello exclusivo del liderazgo de Adolfo Rodríguez Saá? Hasta que los archivos oficiales no se abran completamente al escrutinio público, hasta que no se digitalice la información disponible, la respuesta seguirá en discusión.