Avanzo la normalización de la Asociación Civil Educacional

En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional impulsadas por el Gobierno provincial, la Dirección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno, emitió la Resolución N° 319-DPJ-2025, mediante la cual convoca de oficio a una Asamblea Extraordinaria de Asociados de la Asociación Civil Educacional Knowledge Innovation, con sede en la ciudad de Villa Mercedes. La medida se enmarca en el proceso de normalización institucional de la entidad, que había sido dispuesto días atrás por la Resolución N° 310-DPJ-2025, del 19 de septiembre. En aquella oportunidad, se designaron normalizadores con la tarea de incorporar nuevos asociados, elaborar un proyecto de estatuto actualizado conforme a la normativa vigente y convocar a una asamblea general extraordinaria para reformar el estatuto y elegir autoridades legítimas. A pesar de estas acciones, La EPA 10 M.E. Vicente Lucero siguio funcionando con normalidad por la calidad de su plantel docente

Cumplidos los pasos previos, los normalizadores presentaron ante el organismo provincial la documentación respaldatoria de su gestión, que incluye el informe de actuación, copia del libro de registro de asociados, el listado de miembros habilitados para participar del acto asambleario y el proyecto de reforma estatutaria. Con base en estos antecedentes, la Dirección de Personas Jurídicas consideró viable la solicitud de convocatoria y resolvió llamar a asamblea de oficio, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 4 y 5 de la Ley V-0112-2004 de Personas Jurídicas. La asamblea se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas en las instalaciones de la Escuela Pública Autogestionada N° 10 “Maestro Escultor Vicente Lucero”, edificio de nivel Primario, ubicado en Barrio La Ribera (Av. Fred. M. Erns esquina Jorge Carzola, Manzana 7155) de Villa Mercedes.

El orden del día tratado inckuyo cuatro puntos como la elección de dos asambleístas para la firma del acta., la consideración del informe de los normalizadores., la reforma del estatuto social., la eección de nuevas autoridades. Segun la DPJ  pudieron participar del acto todos los asociados incluidos en el listado oficial presentado por los normalizadores y validado por la Dirección de Personas Jurídicas. La resolución aparecida en el Boletin Oficial de la provincia de San Luis, esta  firmada por la directora del área, Dra. María Lorena Domínguez, tiene como objetivo garantizar la transparencia, la continuidad y la plena regularidad institucional de la organización, promoviendo el cumplimiento de las normas que rigen la vida interna de las asociaciones civiles en la provincia.

Estas medidas se adoptaron tras una resolución oficial que reveloque el colapso institucional comenzó a comienzos del 2025, cuando varios miembros de la comisión directiva de la asociación presentaron sus renuncias. Sin embargo, estas dimisiones no fueron informadas oficialmente a la Dirección de Personas Jurídicas sino hasta el 9 de septiembre de 2025, lo que, según fuentes del expediente administrativo, sugiere un intento de ocultar la gravedad de la crisis interna. El golpe definitivo a la estructura de gobierno de la entidad se produjo cuando, conforme consta entre las fojas 94 y 101 del expediente, renunció la totalidad de los integrantes de la comisión directiva. Esto dejó a la organización en un estado de “acefalía total”, es decir, sin autoridades legalmente constituidas ni capacidad para convocar asambleas, tomar decisiones, administrar fondos o garantizar la continuidad del servicio educativo que brindaba.

En ese contexto, la Dirección de Personas Jurídicas debió intervenir para restablecer la legalidad y operatividad institucional, designando normalizadores temporales y disponiendo la convocatoria de oficio a una asamblea extraordinaria para elegir nuevas autoridades. La investigación iniciada por el organismo de control no se limitó al aspecto administrativo. También se revisó el estatuto social con el que la asociación había obtenido su personería jurídica en 2024, detectándose importantes falencias. Entre ellas, se destacaba la incorrecta denominación de los asociados, a quienes el texto original definía como “constituyentes”, figura no contemplada por la Ley V-0112-2004 que regula el funcionamiento de las asociaciones civiles en San Luis. Aún más preocupante, era que el estatuto incluía una cláusula que permitía la  remuneración -probablemente excesiva - de algunos cargos de la comisión directiva, algo incompatible con la naturaleza sin fines de lucro de la entidad y potencialmente generador de conflictos de interés y el ingreso de familiares como empleados. Paralelamente, la fiscalización contable determinó que la asociación no había presentado ni sometido a tratamiento su balance ni los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal 2024, configurando una situación de incumplimiento formal previa a la crisis de gobernanza.

La resolución de la Dirección de Personas Jurídicas, firmada por la Dra. María Lorena Domínguez, consideró que la gravedad del cuadro —vacío de poder, irregularidades normativas y falta de transparencia contable— justificaba plenamente la convocatoria de oficio a la asamblea extraordinaria convocada para el pasado lunes 29 de septiembre de 2025. Durante esa reunión, los socios se considerarón el informe de los normalizadores, aprobar la reforma del estatuto, y elegieron nuevas autoridades que restablezcan el funcionamiento regular de la institución.

Este caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático para la Dirección de Personas Jurídicas, que busca fortalecer los mecanismos de control preventivo y garantizar que las asociaciones civiles —en especial aquellas con fines educativos— cumplan con las normas de transparencia, responsabilidad institucional y rendición de cuentas. De este modo, el Gobierno de San Luis continúa impulsando políticas que apuntan a fortalecer el tejido social e institucional, asegurando que las organizaciones de la sociedad civil —en este caso, una entidad con fines educativos y comunitarios— recuperen su funcionamiento formal y democrático.