Europa refuerza la libertad de prensa con nuevas garantías legales

La libertad de prensa, pilar esencial de cualquier democracia, ha sufrido un retroceso en varios países de la Unión Europea. Desde agosto, los Estados miembros están obligados a aplicar en su totalidad la Ley Europea de Libertad de los Medios, una normativa que refuerza la independencia editorial de los periodistas, protege sus fuentes frente a amenazas como el espionaje digital y exige mayor transparencia en la propiedad de los medios. La ley también establece salvaguardas para garantizar la autonomía de los medios públicos frente a interferencias gubernamentales.

La European Media Freedom Act (EMFA) empieza a tomar forma como uno de los intentos más ambiciosos de la Unión Europea para proteger la libertad de prensa, garantizar la transparencia en los medios y reforzar la independencia editorial frente a presiones políticas, económicas o tecnológicas.  Uno de los pilares clave de la EMFA es la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación.

Es una normativa ambiciosa que busca revertir años de creciente control estatal sobre los medios y reforzar la independencia periodística. Entre sus principales objetivos están proteger las redacciones frente a injerencias políticas, blindar a los periodistas ante el uso de software espía, frenar la concentración mediática y fortalecer a los medios digitales.

La libertad de prensa, uno de los pilares esenciales de la democracia, atraviesa momentos delicados en varios Estados miembros de la Unión Europea. En respuesta a este deterioro, desde agosto ha comenzado la aplicación plena de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), un marco normativo que busca proteger de forma efectiva el ejercicio periodístico en toda la UE.

La nueva legislación establece garantías clave para la independencia editorial de los periodistas y la protección de sus fuentes, incluyendo una prohibición expresa del uso de programas espía. Estas medidas surgen tras años de creciente preocupación por el espionaje ilegal y la presión gubernamental sobre profesionales de la información.

A partir de ahora, todos los países miembros deberán establecer registros estatales que revelen:

Quiénes son los propietarios de cada medio (incluyendo accionistas con capacidad de influencia editorial).
Cuánto dinero reciben en publicidad institucional.
Qué cantidades perciben de financiación pública extranjera.
También se exigirá a los entes públicos, autonómicos y locales, publicar de forma clara los presupuestos que destinan a la publicidad institucional en medios. Un paso crucial para desmantelar las redes de favoritismos o presiones encubiertas que durante años han condicionado el ecosistema mediático en muchos países de la UE.

 Medios públicos: entre el ideal europeo y la realidad nacional
La EMFA también contempla garantías específicas para los medios de comunicación públicos, con el objetivo de blindarlos contra la injerencia política. La ley obliga a cada Estado miembro a establecer, mediante legislación nacional: Los criterios claros para el nombramiento y cese de sus altos cargos tienen que ver con los limites a la duración de los mandatos, un sistema de financiacion suficiente, previsible y sostenible.
La idea original de Bruselas era que el presupuesto de estos medios se fijara de manera plurianual para asegurar la estabilidad de sus proyectos y evitar su uso como moneda de cambio política. Sin embargo, el resultado final se quedó corto: se eliminó la obligatoriedad plurianual y se optó por una redacción más genérica. España, por ejemplo, aún no ha desarrollado esta disposición legalmente.

Protección de periodistas: un terreno aún delicado
Uno de los puntos más polémicos durante la negociación fue el relacionado con el espionaje a periodistas. Algunos Estados miembros querían introducir una excepción que permitiera espiar a reporteros por motivos de “seguridad nacional”. Finalmente, la versión aprobada incluye una fórmula ambigua: se recuerda la responsabilidad de los Estados en este ámbito, pero se exige que, si se aplican medidas de vigilancia, los periodistas afectados sean informados y dispongan de vías de recurso judicial.

Además, se incluyen garantías clave: como la prohibición del uso de software espía (spyware) contra periodistas y medios, la protección del secreto profesional y de las fuentes, y los límites al poder de las plataformas digitales para bloquear, manipular o degradar contenidos periodísticos sin justificación. Estas medidas llegan en un contexto en el que el acoso digital, la vigilancia ilegal y la criminalización del periodismo están al alza en varios países de la UE.

La Comisión Europea advierte en su último informe sobre el estado de derecho que la presión sobre los periodistas ha aumentado en Hungría, donde tanto el regulador de medios como los medios públicos continúan bajo una fuerte influencia gubernamental. En Italia, desde la llegada al poder de la coalición de extrema derecha liderada por Giorgia Meloni, se ha registrado lo que organizaciones de vigilancia califican como un ataque “sin precedentes” contra la libertad de prensa, evidenciado en el creciente control político sobre la emisora pública Rai.

La EMFA también incorpora disposiciones específicas para blindar a los medios públicos frente a interferencias políticas, exigiendo procesos transparentes para el nombramiento de sus responsables, así como una financiación estable y previsible que garantice su autonomía. Además, la ley introduce nuevas obligaciones de transparencia sobre la propiedad de los medios, obligando a hacer públicos los datos sobre sus titulares, fuentes de financiación y el dinero recibido en concepto de publicidad institucional. Con esta norma, la Unión Europea busca no solo responder a los retrocesos recientes en materia de libertad de prensa, sino también construir un entorno más plural, transparente y seguro para el periodismo independiente en el siglo XXI.