La polémica por el financiamiento de Homo Argentum: entre el relato presidencial y los documentos oficiales

La controversia en torno a Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, sumó un capítulo clave esta semana. Documentos oficiales confirmaron que la producción recibió un reintegro de aproximadamente 150 millones de pesos a través de un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contradiciendo las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien había celebrado el film como un ejemplo de financiamiento “100% privado”.

El desencuentro estalló luego de que Milei, en una de sus intervenciones públicas contra los subsidios culturales, elogiara a Homo Argentum como un caso testigo de que el cine puede producirse “sin plata de los contribuyentes”. “Es una película financiada exclusivamente con capital privado”, afirmó el mandatario, enmarcando su declaración dentro de su cruzada contra lo que denomina “la casta” cultural.

Sin embargo, la realidad parece distinta. La productora Pampa Films, responsable del proyecto, fue beneficiaria del programa “BA Producción Internacional”, una política de incentivos que reintegra hasta el 25% de los gastos de producción realizados en la Ciudad de Buenos Aires. La adjudicación, oficializada en 2024 por el entonces ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, incluyó también otro proyecto de la misma productora, Playback.

Un programa con impacto económico
Lejos de tratarse de un subsidio discrecional, el programa porteño busca posicionar a Buenos Aires como una locación competitiva en el mercado audiovisual internacional, frente a países como Uruguay o Colombia que ofrecen beneficios similares. El mecanismo contempla la devolución de gastos locales en rubros como hoteles, transporte, salarios técnicos y alquiler de estudios.  Según cifras del Gobierno de la Ciudad, este esquema genera más de 11.000 puestos de trabajo directos e indirectos y moviliza cerca de 70.000 millones de pesos en inversión privada por cada peso reintegrado. Con más del 40% de la producción cinematográfica nacional concentrada en Buenos Aires, el sector audiovisual es considerado un motor clave de la economía creativa.

La contradicción expone un punto sensible en el relato presidencial. Milei ha construido buena parte de su identidad política en la crítica feroz a los subsidios, a los que califica de “populistas” y “sostenedores de curros”. La revelación de que una película que él mismo enalteció sí recibió apoyo estatal deja en evidencia una doble vara: mientras algunos proyectos son condenados por depender de fondos públicos, otros, cercanos o funcionales al oficialismo, acceden a beneficios que se omiten en el discurso. Para los críticos del presidente, este episodio refleja un “capitalismo de amigos”, donde el Estado deja de ser un facilitador para la industria y se convierte en un instrumento selectivo que premia a unos pocos.

Hasta el momento, la Casa Rosada no emitió comentarios sobre la contradicción ni rectificó las afirmaciones presidenciales. El silencio oficial alimenta aún más la polémica, que el sector cultural ha tomado como símbolo de lo que consideran un discurso desajustado respecto de la práctica. La discusión trasciende lo cinematográfico y pone sobre la mesa un interrogante más amplio: ¿cómo se define qué constituye un “curro” y qué se considera una “inversión legítima” cuando el Estado interviene en la cultura?