San Luis: coparticipación, ingresos estatales, salarios y la “motosierra"

La coparticipación federal de impuestos, eje del financiamiento provincial, atraviesa su peor ciclo en décadas. Entre 2024 y 2025, el colapso de los ingresos tributarios y los recortes estatales afectan gravemente a trabajadores, gobernadores y municipios. En este contexto, el subsecretario Alejandro Cacace —mano derecha de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— encendió la polémica en San Luis al declarar: «San Luis necesita más motosierra, es decir, despidos». El repudio dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo estallar las tensiones internas en ese centenario partido.

Alejandro Cacace, es abogado con estudios en Harvard, Complutense de Madrid, Bologna, Hamburgo, Róterdam y la Universidad Central Europea en Budapest. Militante de la UCR desde los 20 años, fue presidente del Comité Provincia en San Luis (2011) y diputado provincial (2013‑2017). En la Cámara de Diputados Nacional defendió políticas liberales, transparencia fiscal.

En un acto que detonó la controversia política local, declaró: «San Luis necesita más motosierra, es decir, despidos». La frase motivó un fuerte repudio en la UCR de San Luis, donde se evalúa su expulsión por considerar que sus expresiones contradicen los valores del partido. Según radicales locales, Cacace ha estado ausente de la provincia desde hace tiempo y reapareció justo antes de la campaña electoral nacional, despertando suspicacias sobre un posible armado en San Luis.

Su cercanía con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá también genera tensión: recibía apoyo del justicialismo local en acuerdos como el del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis -conocido como “Acuerdo Cacace‑Tamayo – y su hermano Federico Cacace ocupa además el cargo de Secretario de Ambiente provincial

Muchos dentro del radicalismo provincial tildan a Alejandro Cacace de “radical con peluca”: cercano ahora al estilo liberal del presidente Javier Milei. Sus declaraciones ofensivas hacia el empleo estatal con salarios bajos que no llegan a cubrir la canasta de alimentos, provocaron crítica interna: «no podemos avalar expresiones que promuevan la motosierra como única salida», afirmaron en la UCR puntana.

En este escenario, funcionarios como Cacace defienden el ajuste drástico desde una dialéctica liberal, mientras puertas adentro del radicalismo provincial emergen tensiones sobre el rumbo político y fiscal que debería tener el partido local. Cacace representa la nueva ola: joven radical con perfil liberal, mano derecha del gobierno nacional, y postulante en su provincia. Sus declaraciones provocaron división interna en la UCR local, exponiendo el dilema entre alinearse con el ajuste central o reafirmar los valores históricos del radicalismo. La tensión pone en el centro la identidad del radicalismo en San Luis: ¿acompañan la centralización fiscal del gobierno nacional o sostienen los principios históricos del partido?

Coparticipación y presupuesto provincial

La retracción real de la coparticipación en 2024 y 2025 deja a las provincias más dependientes sin capacidad de financiar servicios esenciales. Los que recaudan menos vía ingresos brutos sufren doble impacto. Con la caída de la actividad económica y la recaudación, las provincias intentan compensar con subas de alícuota, como Santa Fe (+5 % a +9 % sobre billeteras virtuales), lo que genera resistencia en el sector productivo y el consumidor. El plan de ajuste federal impacta en la reducción del empleo público, la paralización de inversiones y deterioro de salarios estatales y privados, agravando la crisis del consumo y la recaudación local. La doble presión –inflación e inexistente reposición salarial– golpea tanto al trabajador público (con caídas reales del 34 %) como al privado, amplificando la crisis económica.

La caída prolongada de la coparticipación federal, la merma en ingresos tributarios provinciales y el empleo público en retroceso delinean una crisis fiscal profunda. Las provincias más dependientes enfrentan tensiones operativas, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe afrontan ajustes significativos. 

En 2024, la coparticipación federal cayó un 9,8 % en términos reales en comparación con 2023, marcando una de las caídas más severas desde 2015. La provincia de Buenos Aires fue la más afectada (−10,9 %), seguida de cerca por CABA (−8,6 %) y otras jurisdicciones como Santa Fe y Tucumán (−9,7 %). Las transferencias discrecionales –o no automáticas– descendieron un 78 % real en 2024. Excepto CABA, que tuvo un incremento por una medida cautelar judicial, todas las provincias recibieron menos fondos adicionales que en 2023. En mayo de 2025, la caída real promedio en coparticipación llegó al −23,8 %, con provincias centrales superando −25 %. La Comisión Federal de Impuestos proyecta una baja adicional del −4,2 % real para todo 2025, totalizando una retracción del 11,7 % en relación a 2023. Una recuperación parcial se atribuye a los Recursos de Origen Nacional (incluyendo IVA y Ganancias): en julio de 2025 creció un 11,2 % real, y la coparticipación mejoró 8,1 % real i En febrero de 2025, CEPA informó un crecimiento real de RON del 20,1 %, con la coparticipación subiendo 17,5 %, aunque el impacto fue muy desigual. En enero de 2025 Buenos Aires registró una mejora real del 9,5 % en coparticipación y del 36,2 % en Ganancias, destacando una recuperación significativa en algunos distritos.

El impuesto sobre Ingresos Brutos, base central de recaudación provincial, sufrió fuertes retrocesos en 2024: en marzo cayó 17,5 % real i.a., y entre enero y marzo 9,6 % real acumulado   Santa Fe incluso elevó en 2025 la alícuota a billeteras virtuales del 5 % al 9 % para compensar esa merma. El desequilibrio es estructural: mientras Nación recauda vía Ganancias e IVA más de $100 billones en 2024, las provincias obtienen alrededor de 23,6 billones por Ingresos Brutos. Además, algunas jurisdicciones manejan estructuras regresivas: Formosa recibe $551 por cada $100 que recauda, frente a Buenos Aires que recibe $76. La reforma fiscal impulsada por Milei proyecta sustituir Ingresos Brutos por un IVA provincial; sin embargo, para provincias con alta informalidad o débil base fiscal, el ingreso futuro es incierto y compromete la autonomía local.

El ajuste nacional y el impacto sobre el empleo y los salarios

Desde diciembre de 2023, bajo la presidencia de Javier Milei, el Ejecutivo impulsó un plan de austeridad profundo: eliminación de más de 30.000 empleos estatales, cierre de ministerios y drástico achicamiento del aparato público, conocido como «la motosierra»  Este ajuste afectó servicios esenciales como salud, educación, transporte y subsidios. En relación a los salarios universitarios, se registraron caídas reales de hasta el 34 % en 2024, junto con reducciones en fondos docentes y financiamiento educativo.

En 2025, algunas provincias aumentaron el gasto salarial un 17 % real en enero-marzo, pero el recorte acumulado entre 2023‑25 sigue siendo severo: reducción del 7 % real en empleo público y 34 % real en inversión pública frente a 2019  El impacto en el consumo y la actividad también obligó a cierres de salarios privados, afectando aún más la recaudación provincial por ingresos brutos. El futuro fiscal argentino demanda reformas tributarias concertadas, equilibradas y transparentes. Sin diálogo entre Nación y provincias, el federalismo y los servicios públicos se debilitan.

Mientras tanto, cientos de miles de trabajadores sufren la erosión salarial, la suba de los servicios por sobre las actualizaciones de los salarios y la reducción de empleos estatales, con efectos negativos en la inversión local y los ingresos provinciales.

En suma, el cruce de crisis distributiva, recortes estatales, emergentes figuras políticas y tensiones partidarias configuran un escenario de crisis profunda. En un país profundamente fragmentado desde lo fiscal y lo político, la clave estará en redefinir cómo se financian las provincias sin sacrificar derechos laborales ni autonomía regional.