Trump Causa Alarma con Orden Ejecutiva sobre Perdon de Préstamos Estudiantiles

El pasado viernes 7 de marzo, la Casa Blanca emitió la 79ª orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, titulada "Restaurando el Perdón de Préstamos para el Servicio Público" (PSLF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, lejos de expandir el acceso a este programa, que ha perdonado más de 78 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles a más de un millón de personas que trabajan para el gobierno o en organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan la sociedad civil, la nueva orden ejecutiva de Trump busca restringir dicho acceso.

El mandato establece nuevas regulaciones que excluirán a las personas empleadas en organizaciones no gubernamentales (ONG) si estas “participan en actividades con un propósito ilegal sustancial”. La Casa Blanca ha publicado una hoja informativa en la que se enumeran cinco categorías amplias de ONG que quedarán fuera del programa.

“Esto detiene los fondos de los contribuyentes que subsidian, mediante el perdón de préstamos, actividades que promueven la inmigración ilegal, el terrorismo, el abuso infantil, la discriminación y las alteraciones públicas”, señaló la Casa Blanca.

La orden refuerza el enfoque del programa en “alentar a los estadounidenses a ingresar a roles de servicio público esenciales, como la enfermería, en lugar de grupos activistas”. Además, promete “proteger la seguridad nacional y los valores estadounidenses al terminar con el apoyo federal a organizaciones que dañan los valores estadounidenses y el interés público”.

Expertos en deuda estudiantil han advertido que los estudiantes que ingresaron a la universidad con la expectativa de poder acceder al perdón de préstamos podrían descubrir que no recibirán ninguna devolución. Además, las nuevas regulaciones podrían desincentivar a los estudiantes a postularse a carreras relacionadas con las ONG, que tradicionalmente abordan temas de justicia social.

Si bien algunos legisladores republicanos han elogiado la orden, frases vagas como “valores estadounidenses” o “degradar nuestro interés nacional” han generado preocupación en organizaciones como el Centro de Crisis de la Deuda Estudiantil (SDCC), el Consejo Americano de Educación (ACE), PEN-América y legisladores demócratas. Se teme que las nuevas regulaciones puedan afectar a quienes trabajen en ONG que luchan por los derechos de los inmigrantes indocumentados, la igualdad racial o en protestas pro-Hamas (considerada una organización terrorista en los Estados Unidos). La Casa Blanca incluso acusó a la administración de Biden de usar el programa de perdón de préstamos estudiantiles para pagar a activistas pro-palestinos y pro-Hamas con dinero de los contribuyentes, aunque no presentó pruebas de esta acusación.

Repercusiones para el Sector Educativo

La senadora Patty Murray, demócrata de Washington, expresó que Trump ha robado a los estadounidenses el alivio de la deuda estudiantil prometido por la ley, al mismo tiempo que exige billones de dólares en recortes de impuestos para millonarios como él. En su opinión, es “tan indignante como antiestadounidense”. La directora de PEN América para Washington, Hadar Harris, comparó la orden con otras acciones autoritarias de la administración Trump. Según ella, este tipo de medidas forman parte de un intento de controlar la narrativa y el debate cultural en los Estados Unidos.

Por su parte, Natalie Abrams, presidenta de SDCC, alertó que la orden ejecutiva ha generado incertidumbre y miedo entre los prestatarios de préstamos estudiantiles. “El objetivo de este ejercicio es sembrar temor y confusión, y de esta forma, silenciar al sector sin fines de lucro”, señaló.

Un Cambio en el Programa PSLF

El programa PSLF, establecido en 2007 durante la presidencia de George W. Bush, permite el perdón de préstamos estudiantiles para aquellos que hayan trabajado durante 10 años en el servicio público y hayan realizado los pagos mínimos durante ese período. Hasta diciembre del año pasado, más de un millón de estadounidenses se beneficiaron de este perdón, con otros dos millones de exprestatarios que aún califican.

La administración Biden consideró la eliminación de 78 millones de dólares en deuda estudiantil como uno de sus logros más importantes, destacando que el programa estaba tan afectado por la disfunción que solo 7,000 personas calificaron antes de su intervención.

Cabe recordar que las órdenes ejecutivas no crean leyes, sino que sirven como indicaciones sobre la dirección que la administración desea tomar. Sin embargo, la incertidumbre generada por este tipo de decisiones ha incrementado la ansiedad entre los prestatarios, quienes temen que los programas de alivio de deudas simplemente desaparezcan. El impacto de esta nueva orden podría ser profundo, no solo en la vida de los estudiantes, sino en la estructura misma de los programas que buscan aliviar las cargas de deuda estudiantil, mientras se enfrenta a crecientes desafíos legales y oposición política.