

La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha generado un debate considerable, tanto en el ámbito político como en el sanitario. El principal argumento presentado por el gobierno se basa en la crítica a la gestión de la OMS durante la pandemia de COVID-19 y la percepción de que la organización carece de independencia frente a la influencia política de ciertos estados, como se menciona en la justificación de la medida. Esta postura se alinea con la de otros líderes políticos como Donald Trump, quien también en su momento tomó la decisión de retirar a Estados Unidos de la OMS, argumentando razones similares de falta de transparencia y autonomía.
Desde un punto de vista político, la decisión refleja el enfoque más escéptico de Milei hacia las organizaciones internacionales y su preferencia por la autonomía nacional. Este tipo de políticas, basadas en un enfoque nacionalista, parecen buscar que Argentina recupere el control sobre sus decisiones sanitarias y políticas sin depender de organismos internacionales que, en su opinión, pueden estar sujetos a presiones externas.
No obstante, esta decisión ha sido ampliamente criticada por especialistas en salud pública, quienes señalan que la salida de la OMS podría tener consecuencias negativas para el país. La OMS desempeña un papel crucial en la coordinación de emergencias sanitarias internacionales, la distribución de vacunas en situaciones de crisis globales y la asignación de fondos de emergencia para países en necesidad. Además, al ser miembro de la OMS, Argentina ha podido acceder a información y recursos para enfrentar pandemias, lo cual sería más difícil sin esta vinculación.
Otro aspecto a considerar es el proceso legal detrás de la salida de Argentina de la OMS. Si bien el gobierno tiene la intención de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para concretar la salida, los abogados constitucionalistas han advertido que este tipo de decisiones requieren la aprobación del Congreso, ya que se trata de un acuerdo internacional que no puede ser modificado unilateralmente sin un debate legislativo. Esto podría generar tensiones políticas internas, ya que no todos los actores políticos en el Congreso comparten la visión de Milei sobre el rol de la OMS.


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