La violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas

En el marco del Día Internacional de la Niña, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados de las Américas a tomar medidas urgentes y efectivas para prevenir y erradicar la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas. La CIDH destaca la necesidad de implementar enfoques con perspectiva de género, edad e interculturalidad, considerando los múltiples factores de discriminación estructural que enfrentan estas niñas y adolescentes. Además, resalta la importancia de garantizar su participación plena en la creación e implementación de políticas que las afecten.

A pesar de la escasez de datos desglosados sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas, tanto dentro como fuera de sus comunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han documentado que estas niñas enfrentan tasas más altas de violencia en comparación con las niñas no indígenas. Dichos abusos se incrementan en situaciones específicas como conflictos armados, desplazamientos forzados, proyectos de desarrollo y explotación de recursos, militarización de tierras indígenas, y en contextos rurales o de calle.

En la región, la CIDH ha registrado numerosos casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones colectivas, perpetradas contra niñas y adolescentes indígenas por actores como fuerzas armadas, hacendados, trabajadores ilegales o temporales, maestros y turistas, quienes explotan las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de estas niñas. Dentro de las comunidades indígenas, la violencia que sufren a menudo queda invisibilizada.

La CIDH recuerda que, de acuerdo con la Convención de Belém Do Pará, los Estados tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas, tomando en cuenta su vulnerabilidad específica. La violencia sexual genera efectos devastadores, incluyendo la exposición a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rechazo social y, en algunos casos, la obligación de casarse a temprana edad.

Ante esta situación, la CIDH exhorta a los Estados a tomar medidas para enfrentar las causas estructurales de esta violencia, implementando sistemas de recopilación de datos desagregados que visibilicen la magnitud del problema. Además, los Estados deben asegurar que las niñas indígenas participen en la formulación de políticas que les conciernen, en espacios culturalmente apropiados.

Finalmente, la CIDH insta a los Estados a investigar, sancionar y juzgar la violencia sexual con debida diligencia y a proporcionar servicios de atención a las víctimas, junto con reparaciones integrales que tomen en cuenta los impactos individuales y colectivos, con un enfoque intercultural, intergeneracional y de género, para lograr su recuperación y reintegración plena en la comunidad.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región, actuando como órgano consultivo de la OEA. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA.