El diputado nacional José Luis Espert, miembro del partido político La Libertad Avanza (LLA), expresó fuertes críticas hacia el sistema universitario público argentino, particularmente en relación con la gratuidad de la educación superior. Estas declaraciones se dieron en el contexto de la Marcha Federal Universitaria, programada para el día siguiente en Capital Federal y diversas ciudades del país, en la que se denunciaría el desfinanciamiento de las universidades.
Espert argumentó que la universidad gratuita no beneficia a los sectores más pobres de la población. Basándose en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), afirmó que solo el 12,4% de los jóvenes pertenecientes al 10% más pobre del país acceden a la universidad, y menos de la mitad de ellos completa sus estudios. Según su visión, esto demuestra que el sistema no es útil para los más desfavorecidos. Además, criticó que el financiamiento universitario proviene de impuestos que afectan desproporcionadamente a los sectores más pobres, como el IVA que grava productos básicos como la leche.
Espert también subrayó que la universidad es gratuita para personas que podrían pagar por ella, proponiendo como soluciones la implementación de exámenes de ingreso más rigurosos y la expulsión de los estudiantes que no logran graduarse en el plazo establecido. Según él, esto evitaría que el Estado financie a quienes no se gradúan en tiempo y forma.
Asimismo, comparó las tasas de graduación universitarias entre Argentina, Chile y Brasil, mostrando cifras que indican que Argentina está rezagada en este aspecto, con solo 31 graduados por cada 10.000 habitantes, frente a 55 en Chile y 61 en Brasil. Criticó también la estructura del sistema universitario, señalando la existencia de profesores ad honorem como inaceptable, y mencionó irregularidades administrativas, como la alta proporción de personal no docente en algunas facultades, que, según él, absorben gran parte del presupuesto asignado.
Sin embargo, sus propuestas y críticas han sido objeto de debate. Se necesitan para financiar las universidades 700 millones de dolares, el 0,14% del producto bruto interno. La gratuidad de la universidad ha sido defendida como un derecho clave para promover la igualdad de oportunidades en Argentina. Quienes se oponen a Espert argumentan que desfinanciar las universidades públicas no es la solución a los problemas que él señala. En cambio, proponen que se debe implementar una reforma fiscal que logre que los sectores más privilegiados, aquellos que no pagan suficientes impuestos, contribuyan más al financiamiento de la educación superior. También señalan que, bajo los gobiernos kirchneristas, la educación universitaria pública ya enfrentó problemas de desfinanciamiento, y que la situación actual es una consecuencia de años de falta de inversión tanto bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como en otros gobiernos recientes.
La posición de Espert sugiere un cambio radical en el sistema universitario argentino, basándose en la baja participación y éxito de los sectores más vulnerables. No obstante, sus críticos sostienen que, en lugar de desfinanciar o limitar el acceso, la solución debería enfocarse en garantizar que los sectores más ricos paguen lo justo para que las universidades sigan siendo accesibles para todos los argentinos, independientemente de su nivel socioeconómico.
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