La megamáquina en el aula: lo que la pedagogía ludita nos advierte sobre la IA educativa

Cada vez que un gobierno anuncia la incorporación de inteligencia artificial a sus escuelas, el anuncio viene envuelto en el mismo lenguaje: gradualidad, complementariedad, supervisión humana. Es un vocabulario tranquilizador, pensado para que nadie pregunte demasiado. El politólogo mexicano Mauro Jarquín Ramírez, profesor de la UNAM y autor de Pedagogía ludita. Contra la megamáquina educativa del capitalismo digital (CLACSO, 2026), viene a interrumpir esa tranquilidad con una pregunta incómoda: ¿quién decide, y a favor de quién, cuando la escuela se conecta a la nube?

La megamáquina, no la herramienta

La inteligencia artificial no ingresa a la educación como un objeto neutro que espera ser bien o mal usado, sino como una pieza de lo que Jarquín Ramírez llama la megamáquina educativa del capitalismo digital, un entramado de plataformas, datos, infraestructuras y narrativas corporativas que reorganiza el trabajo docente y estudiantil en función de la acumulación privada. No se trata de un dispositivo aislado en el aula, sino de un sistema que atraviesa currícula, formación docente y gestión escolar bajo la lógica del lucro.

El ejemplo que el propio autor ofrece como punto de partida de su investigación no es menor: durante la pandemia, el gobierno mexicano resolvió sostener la continuidad pedagógica asociándose con Google y otras corporaciones tecnológicas, que terminaron incorporando a millones de estudiantes y docentes a sus plataformas propietarias. Lo que se presentó como una solución de emergencia sanitaria fue, en los hechos, la entrada de las Big Tech como actor central y permanente de la política educativa nacional. La emergencia fue la puerta; la dependencia estructural, el resultado.

Tecnofascismo: cuando la IA se combina con el ajuste

Uno de los aportes más incómodos del libro es pensar la relación entre inteligencia artificial, tecnofascismo y educación— es que la digitalización educativa no avanza en el vacío político. Avanza, muchas veces, de la mano de procesos de austeridad presupuestaria y de una derechización de las políticas públicas que encuentra en la "eficiencia tecnológica" una coartada perfecta: si un algoritmo puede planificar clases, corregir exámenes o "personalizar" el aprendizaje, resulta más fácil justificar el recorte de cargos docentes, la precarización salarial o el desfinanciamiento de la formación profesional presencial. La promesa de modernización tecnológica y el ajuste fiscal no son procesos separados: se retroalimentan.

Los herederos de Ned Ludd

Jarquín Ramírez recupera deliberadamente la figura de los luditas —los tejedores ingleses que a comienzos del siglo XIX destruían telares— para correrla del lugar de caricatura en el que la modernidad la dejó. Los luditas no odiaban la técnica por la técnica misma: atacaban selectivamente aquellas máquinas que servían para abaratar salarios y disciplinar a la fuerza de trabajo. El libro llama a una organización desde abajo capaz de afilar las herramientas de la crítica y decidir con precisión hacia qué conceptos, circuitos y artefactos concretos de la megamáquina educativa dirigir la resistencia, sin caer en el rechazo indiscriminado ni en la aceptación acrítica.

Aplicado al presente: la pregunta ludita no es "IA sí o IA no", sino qué usos concretos de la IA en la escuela refuerzan el control corporativo sobre los datos de estudiantes y docentes, qué usos intensifican la vigilancia laboral del profesorado, y cuáles —si los hay— amplían genuinamente la autonomía pedagógica. Distinguir eso exige información que casi nunca acompaña los anuncios oficiales: ¿quién es dueño de los datos generados en el aula? ¿Bajo qué contrato opera la empresa proveedora? ¿Qué pasa con esa información cuando cambia el gobierno o vence la licencia?

El caso argentino: cuando "supervisión docente" es la letra chica

Las políticas educativas de IA que se están desplegando en distintas provincias argentinas —capacitaciones masivas, diplomaturas en convenio con universidades, discursos sobre "uso ético" y "protección de datos"— pueden leerse con esta misma grilla.

La retórica de la "supervisión humana" cumple una función real: nadie discute que la revisión crítica del docente sobre cualquier producción de IA es deseable. Pero esa retórica también cumple una función de legitimación que conviene no pasar por alto. Convertir al docente en revisor de lo que la máquina produce no es lo mismo que darle poder de decisión sobre si esa máquina debía entrar al aula, bajo qué condiciones laborales, y con qué proveedor.

Cuando la formación docente en IA se subcontrata masivamente a universidades privadas, cuando el éxito de un programa se mide en cantidad de inscriptos y porcentaje de cobertura del sistema en lugar de en condiciones de trabajo o resultados pedagógicos verificables, la pregunta ludita —¿a quién sirve este circuito específico de la megamáquina?— vuelve a ser pertinente.

Los organismos internacionales que suelen usarse para dar respaldo normativo a estas políticas, como la UNESCO, ofrecen principios valiosos de transparencia y supervisión humana, pero fueron redactados en diálogo estrecho con la misma industria que se pretende regular, y su lenguaje de "complementariedad" puede convivir sin fricciones con el avance de la megamáquina.

 Debe proponerse que la comunidad educativa —docentes organizados, estudiantes, familias, investigadores— recupere la capacidad de decidir colectivamente qué tecnologías entran al aula, en qué términos y a cambio de qué. Mientras esa discusión no ocurra, cada nuevo programa de "IA para la enseñanza" seguirá pareciéndose menos a una innovación pedagógica y más a la ampliación silenciosa de una máquina que ya sabemos a quién beneficia.