El gobernador Claudio Poggi promulgó por decreto la ley que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de San Luis, habilitando la elección de 52 convencionales para modificar la Carta Magna provincial, vigente desde 1987. Es importante remarcar, como aclaró el propio Senado durante el debate, que esta ley no reforma directamente la Constitución: solo declara la necesidad y conveniencia de hacerlo y define los temas que podrá tratar una futura Convención Constituyente, que se elegirá por voto popular en las elecciones provinciales de 2027.
Cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa en 2024, uno de los ejes explícitos era la transformación de la Legislatura a un esquema unicameral, justamente para "optimizar los gastos": en el propio gobierno provincial se citaba como ejemplo que en las últimas elecciones se imprimieron 20 millones de boletas para una población electoral de 500 mil ciudadanos. La idea era dejar de "mantener" dos recintos legislativos y encargar a una comisión de análisis definir cuántos representantes tendría la cámara única.
Eliminar una cámara entera implica achicar drásticamente los cargos de poder disponibles, algo mucho más resistido internamente (senadores actuales, estructuras partidarias) que ajustar calendarios electorales. Esta ley solo declara qué temas podrá tratar la Convención Constituyente de 2027. Es posible que la unicameralidad quede como un debate abierto a resolverse recién ahí, si los 52 convencionales deciden retomarlo — la ley no lo excluye explícitamente, pero tampoco lo prioriza como sí lo hace con la reelección o el Judicial.
El gobernador Poggi la presenta como una modernización institucional que contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos. Entre los ejes centrales:
El Partido Justicialista y otros sectores plantearon objeciones de forma y de fondo:
Los temas de fondo que compiten con la agenda institucional son la pobreza, la indigencia y la pérdida de empleo privado formal en el Gran San Luis. A esto se suma un clima político tenso: hubo bajas y rupturas dentro del propio oficialismo por críticas al proyecto de reforma, incluyendo la salida de un funcionario que había cuestionado la iniciativa en redes. La necesidad de reforma es ley porque el oficialismo consiguió los votos (30 a favor y 13 en contra), pero la discusión constitucional dejó de ser exclusivamente jurídica y se convirtió en una disputa electoral de cara a 2027, con posiciones legítimamente enfrentadas sobre si esta es la reforma institucional correcta y sobre si es el momento adecuado dado el contexto socioeconómico que señala la oposición.
