La integridad en la universidad: cuando el cargo pesa más que la academia

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) atraviesa un momento de replanteo ético y político. La reciente salida del rector Víctor Moriñigo, quien dejó el cargo para iniciar una carrera política, reavivó una discusión que trasciende nombres propios: ¿cuál es hoy el centro de gravedad de la universidad pública? Antes de su partida, Moriñigo gestionó un aumento en su dedicación docente, pese a existen dudas si alguna vez dicto clases Pese a esto, los universitarios lo eligieron y lo reeligieron.

El trámite, legal pero éticamente controvertido, se completó antes de su salida. “Mi centro de gravedad es la universidad pública”, afirmó en alguna ocasion. Sin embargo, los hechos parecen sugerir lo contrario: la universidad como trampolín político y como espacio de reproducción de poder antes que como institución de conocimiento, crítica y servicio público. Ademas, por primera vez en la historia de la UNSL, tres cargos no docentes fueron designados al frente de secretarías del rectorado. Entre ellos, la designación de Alejandra Orellano, esposa de Moriñigo, como secretaria de Hacienda, Administración e Infraestructura, un área clave que gestiona el presupuesto universitario. Este tipo de nombramientos consolidan la idea de una universidad administrada bajo la lógica de los cargos, más que bajo la lógica de la academia.

La lucha por los cargos en el seno universitario es uno de los fenómenos más persistentes y, a la vez, más distorsionadores de la vida académica. En principio, los cargos —de docencia — deberían existir para garantizar el funcionamiento institucional, orientar políticas educativas y fortalecer la producción de conocimiento. Sin embargo, en muchas universidades, esa lógica se ha invertido: los cargos se han convertido en fines en sí mismos, más que en medios al servicio del saber y la comunidad. Cuando la universidad entra en la lógica del cargo, la vida académica se burocratiza. La docencia pierde creatividad, la investigación se subordina a los proyectos que garantizan visibilidad política, y la extensión se reduce a eventos protocolarios. El cargo se vuelve una fuente de identidad y de legitimidad: tener un cargo “vale” más que tener una idea. Esta inversión de valores vacía de sentido la misión universitaria y genera una cultura de competencia, opacidad y desconfianza.

La universidad pública fue pensada como un espacio de pensamiento libre, de investigación comprometido y de enseñanza crítica. Hoy, sin embargo, se percibe cada vez más dominada por estructuras burocráticas que se autoperpetúan.  Los cargos son el elemento sustancial de la puja y el poder universitario.

La integridad universitaria no se mide solo por la transparencia administrativa, y/o academica sino también por la coherencia ética de quienes la conducen. Una universidad pierde su integridad cuando sus decisiones se guían más por intereses personales o de poder que por su misión social y educativa. La integridad en la academia es un principio fundamental que sostiene la credibilidad, la confianza y el propósito mismo de las instituciones educativas, ya que implica actuar con honestidad, responsabilidad y coherencia en todos los ámbitos de la vida universitaria —enseñanza, investigación, gestión y extensión—, respetando los valores éticos que garantizan que el conocimiento se produzca, transmita y aplique de manera justa y transparente.

Recuperar la academia perdida implica volver a poner en el centro el conocimiento, la crítica y la vinculación con la comunidad. La universidad debe volver a ser un espacio de pensamiento y no una antesala de carreras políticas o un refugio de conveniencias personales. Solo así podrá sostener su promesa fundante: formar ciudadanos libres, reflexivos y comprometidos con el bien común.