Ley de "Protección Inmediata"

Buscan agilizar allanamientos en San Luis ante denuncias con pruebas audiovisuales

ActualidadEl miércoles
Castro-Luna

El senador Adolfo Castro Luna presentó un proyecto que promueve el uso de tecnología y reformas legales para que la Policía actúe con mayor celeridad tras robos u otros delitos. La iniciativa ya está en debate en comisiones.
 
En un intento por brindar respuestas concretas a los crecientes reclamos sociales en materia de seguridad, el senador provincial Adolfo Castro Luna (Cambia San Luis) presentó el proyecto de ley denominado "Ley de Protección Inmediata", el cual propone una serie de reformas al Código Procesal Penal con el objetivo de acelerar los allanamientos tras la denuncia de un hecho delictivo, especialmente cuando los denunciantes aporten pruebas audiovisuales como fotos o grabaciones de cámaras de seguridad.

La propuesta, que busca articular esfuerzos entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, apunta a que las fuerzas policiales puedan actuar con mayor rapidez para recuperar bienes robados antes de que sean escondidos o trasladados por los delincuentes. “Muchas veces las víctimas cuentan con imágenes precisas o saben dónde están los objetos robados, pero los procedimientos son tan lentos que cuando llega el allanamiento, ya es tarde”, argumentó el legislador por el departamento Pedernera.
 
📜 Los ejes del proyecto: reforma legal y tecnología
El proyecto impulsa la modificación de los artículos 129 y 160 del Código Procesal Penal de San Luis, y la incorporación del artículo 160 bis, que introduce nuevos criterios para ordenar allanamientos y sancionar a los delincuentes que oculten su identidad.

Entre las medidas destacadas, se contempla la implementación de órdenes de allanamiento digitales, firmadas electrónicamente con biometría, en casos urgentes, el reconocimiento de personas a través de cámaras de seguridad, válido como prueba si lo realiza personal policial capacitado. Un agravante penal para quienes cometan delitos ocultando su identidad con pasamontañas, capuchas o elementos similares. La normativa también establece que el Poder Judicial tendrá un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley para poner en funcionamiento el sistema digital seguro de órdenes judiciales.

 Trabajo conjunto con la Justicia y compromiso con la sociedad
Castro Luna remarcó la importancia de este proyecto para la ciudadanía y propuso un abordaje en comisiones junto a actores del sistema judicial, fuerzas de seguridad y especialistas. Afirmó que no se trata de modificar plazos judiciales, sino de facilitar herramientas tecnológicas que permitan actuar con mayor rapidez cuando hay evidencia concreta. “Los vecinos aportan pruebas. Nosotros debemos darles una respuesta institucional. Si sabemos dónde está el botín, no podemos esperar dos o tres días para reaccionar”, enfatizó.
El senador también compartió ejemplos cotidianos del interior provincial, como productores agropecuarios que sufren robos y detectan rápidamente dónde fueron llevadas sus pertenencias, pero deben esperar procedimientos burocráticos extensos para recuperarlas.

 Lo que viene: debate en comisiones y aportes de expertos
El proyecto ya fue derivado a comisiones legislativas, donde se espera un debate técnico y político, con la participación de representantes judiciales, especialistas en derecho penal y entidades vinculadas a la seguridad. Castro Luna subrayó “Esto no es solo una propuesta legislativa, es un reflejo de lo que pide la gente. Necesitamos actuar sobre los problemas reales de la sociedad y darles herramientas a los jueces y policías para que puedan cumplir su labor con eficacia”.

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