Información Publica, derechos y periodismo critico

Recientemente el periodista Roberto Vinuesa con fecha 14 de febrero, 2025  publico en el medio El Semiarido "Silencio oficial y descalificación: el derecho a la información en jaque", articulo en el que se realiza un juicio critico  sobre el derecho a la información publica en San Luis y la descalificación que suele hacerse desde el poder de turno al periodismo no complaciente.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Federico Trombotto, descalificó al periodista que denunció la protección política a una faena ilegal en Renca. A pesar de intentar confirmar la información, el portavoz del ministerio evitó aclarar el encubrimiento y mostró desinterés por la salud pública y el derecho a la información.

El derecho a la información pública en San Luis, al igual que en muchas otras provincias, enfrenta desafíos relacionados con la transparencia y el acceso a datos oficiales. Aunque la Constitución Nacional garantiza este derecho, en la práctica a menudo hay obstáculos como la falta de respuestas oportunas o la descalificación de periodistas y ciudadanos que buscan información relevante. En San Luis, como en otras jurisdicciones, los medios de comunicación y la sociedad civil han tenido que luchar por acceder a datos sobre gestión pública, especialmente cuando involucra temas sensibles como la salud, el medio ambiente o la economía. Esto es relevante particularmente en San Luis, una provincia con escasos datos oficiales en distintos temas.

Roberto Vinueza indicaba en el articulo, que el debate sobre el acceso a la información pública, un derecho fundamental, se sigue diluyendo en el silencio de las autoridades y la descalificación hacia los periodistas que se atreven a cuestionar. El Semiárido puso esta vez, el foco en el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Federico Trombotto, quien, molesto por la publicación en el medio de temas productivos y camperos, de sospechas sobre la protección política a actividades ilegales en el ámbito de la faena bovina, y como suele suceder en estos casos se decidió atacar la figura del periodista que destapó la noticia.

Indicaba Vinueza que a lo largo de 14 meses de gestión del actual gobierno, este medio ha logrado apenas tres entrevistas con funcionarios del Ministerio, pero nunca con el propio Trombotto, quien ha evadido sistemáticamente las solicitudes, especialmente aquellas que involucran temas delicados.

El enojo del Ministerio se intensificó luego de que se revelara la existencia de una planta de faena ilegal ubicada en Renca, que operaba desde hace años sin cumplir con las normativas sanitarias. En este operativo, se decomisaron medias reses de dudosa salubridad, aunque la cantidad exacta no fue divulgada. El silencio oficial ante la denuncia fue acompañado por una orden explícita de no publicar información al respecto.

En este contexto, El Semiarido utilizó la figura del “off the record” para tratar de frenar la difusión de la noticia, una estrategia válida solo cuando la fuente es confiable y se manejan datos sensibles, como en este caso, cuando la salud pública estaba en juego. Sin embargo, cuando se intentó confirmar la información, el portavoz oficial del Ministerio, Augusto Ricci, optó por responder “en nombre del gobierno” y dar lecciones de periodismo, sin aclarar por qué se optó por ocultar detalles cruciales.

La respuesta del funcionario no solo reflejó la falta de interés por esclarecer la situación y proteger a los consumidores de carne con riesgos para la salud, sino también un desdén por el derecho a la información. En lugar de ofrecer transparencia, el Ministerio prefirió eludir las preguntas y recurrir a la descalificación.

Este episodio - finalmente expone El Semiárido - pone nuevamente en evidencia la fragilidad del acceso a la información pública en un entorno donde prevalece la opacidad y la falta de compromiso con la rendición de cuentas. El desinterés del gobierno por garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública, al mismo tiempo que se intentan silenciar las voces críticas, es una amenaza constante para el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.