Promocion Indutrial de San Luis

Argentina nunca se desarrollo de manera armonica. La estructura económica del pais, configurada durante los procesos de independencia y la formación del Estado nacional, provocó ciertos retrasos en algunas provincias, en especial Catamarca, La Rioja y San Luis. Este contexto llevó a la firma del "Acta de Reparación Histórica" en 1973, que buscaba subsanar esas desigualdades.

La promoción industrial en la provincia de San Luis fue parte de un régimen más amplio implementado en varias provincias argentinas, con el objetivo de incentivar la radicación de industrias a través de beneficios fiscales, como exenciones impositivas y subsidios. Este régimen fue especialmente relevante para provincias como San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan, que recibieron estos incentivos debido a su situación económica desfavorable en comparación con otras regiones del país. Estas provincias se vieron favorecidas por las empresas que dieron empleo. Sin esta promocion, las provincias hubieran seguido en la pobreza. Es mas cuando el proceso termino, muchas quedaron algunas quebraron o no funcionaron adecuadamente, pero otras se fueron, nacio en San Luis, el Plan de Inclusion Social, como una iniciativa del gobierno local de administracion de la pobreza.

Uno de los puntos centrales es el caso de San Luis, que en en los2000 se autodenomino como la “provincia del pleno empleo,” y presentaba uno de los índices de desempleo más bajos del país. Este éxito se suele atribuir a la Ley de Promoción Industrial, que otorga beneficios fiscales para atraer inversiones industriales. 

Un análisis mas profundo en los regímenes de acumulación y la política de promoción industrial puede dar respuestas mas integrales a problemas complejos. Se puede plantear,  si esta política es propia de un Estado intervencionista fordista o de un Estado neoliberal que compite por atraer capital. La política de exenciones impositivas, que busca atraer inversiones a través de beneficios fiscales, se enmarca en un contexto neoliberal de competencia entre Estados. Estas políticas no siempre tienen una visión orientada al mercado global, aunque sí algunas iniciativas específicas de promoción exportadora.

En cuanto a la inversión por parte de la Nación en el marco de la promoción industrial en San Luis, no se especifica una cifra única o exacta de inversión total realizada por el gobierno nacional a lo largo de los años, ya que las exenciones impositivas y los beneficios otorgados a las empresas son difíciles de cuantificar de manera precisa en términos de una inversión directa. Lo que sí se puede analizar es el impacto fiscal que esta política ha tenido, en términos de los ingresos que el Estado nacional dejó de percibir debido a las exenciones, especialmente en impuestos como el IVA, que son coparticipables con las provincias.

Algunos críticos de la política de promoción industrial, como el economista Eduardo Basualdo, han señalado que este régimen generó importantes distorsiones fiscales, ya que las exenciones implicaban una pérdida de ingresos para el Estado que podría haberse destinado a otras áreas como infraestructura o incentivos más focalizados. Además, otros análisis indican que la inversión real en infraestructura y desarrollo local de las empresas beneficiadas fue limitada, creando lo que algunos han denominado "islas tecnológicas" con poca vinculación con las economías locales.

Desde la perspectiva del modo de regulación y las relaciones de poder, la política de promoción industrial puede ser vista como una disputa de intereses. Varios autores ven esta política más como una transferencia de ingresos hacia sectores económicos específicos que como un mecanismo de desarrollo económico. Autores como Basualdo y Rapoport critican la política, señalando que el Estado actúa como canalizador de recursos hacia sectores concentrados del capital, tanto nacional como extranjero.

Otro aspecto clave del análisis es la competencia interjurisdiccional generada por las exenciones impositivas, que favorecio a las provincias promocionadas en detrimento de otras. Esto provoco tensiones entre provincias, como Mendoza y La Pampa, que argumentaron que estas políticas perjudicaban su desarrollo económico al desviar inversiones industriales hacia las provincias con promociones. Mendoza, en particular, ha sido una de las más perjudicadas al no contar con estos incentivos, lo que ha generado múltiples reclamos y medidas legales.

Además, el impacto fiscal de estas políticas, representaron un costo significativo para el Estado al reducir la recaudación impositiva, especialmente en impuestos coparticipables como el IVA, lo que afecta también a los ingresos provinciales. Muchas de las empresas que se han radicado en las provincias promocionadas son intensivas en capital y no han logrado una integración significativa con el tejido industrial local, funcionando más como “islas tecnológicas” desconectadas del entorno.