Escuelas autogestionadas: a veinticinco años

En los márgenes del colapso social y económico que atravesaba la Argentina entre 1999 y 2001, la provincia de San Luis intentó impulsar una reforma educativa radical. En un contexto de recorte presupuestario, desconfianza hacia el Estado y crisis de legitimidad institucional, el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá apostó por una idea tan audaz como polémica: las escuelas autogestionadas, inspiradas en los postulados del economista y asesor Mario Broda.

Las escuelas autogestionadas de San Luis, conocidas como Escuelas Experimentales Autogestionadas, surgieron en 1999 como un proyecto inspirado en las escuelas charter norteamericanas, aunque con diferencias significativas. Estas escuelas, financiadas por el estado y gratuitas, buscaban una gestión más autónoma y flexible, con la participación de la comunidad educativa. El proyecto de autogestión fue inspirado en las escuelas charter estadounidenses y surgió como una respuesta a la crisis educativa y económica, con la promesa de mayor autonomía, innovación pedagógica y eficiencia en el uso de recursos públicos. Sin embargo, desde sus inicios, generó una fuerte resistencia gremial y política, al ser percibido como una forma encubierta de privatización del sistema educativo público.

Este proyecto se originó a partir de una propuesta presentada por la Fundación Gobierno y Sociedad al gobierno de San Luis, la cual fue aceptada y derivó en su contratación para diseñar e implementar los componentes centrales de la iniciativa. Entre sus tareas se incluyeron la elaboración de estudios preliminares, la redacción del proyecto de ley, la organización del concurso público, la definición de la composición del jurado y la gestión del proceso concursal. Sin embargo, ante la resistencia generada en distintos sectores de la comunidad, el proyecto legislativo no prosperó en la Legislatura provincial. En su lugar, el Poder Ejecutivo optó por avanzar en la implementación de la política mediante un decreto.

Las escuelas autogestionadas en la provincia de San Luis son administradas por Asociaciones Educacionales, es decir, asociaciones civiles sin fines de lucro. Estas entidades son seleccionadas mediante concursos públicos convocados por el Ministerio de Gobierno y Educación, a través de la presentación de proyectos educativos. Aquellas asociaciones cuyo proyecto es aprobado por el Comité Evaluador obtienen una autorización de funcionamiento por un período de cinco años. Para poder postularse, cada Asociación debe estar integrada por un mínimo de tres personas con formación o experiencia acreditada en el ámbito educativo —docentes, pedagogos o especialistas afines—, sin que sea requisito la residencia en la provincia.

Una particularidad del modelo es que los docentes que hayan trabajado de forma continua durante al menos dos años en estas escuelas tienen el derecho de integrarse formalmente como asociados a la entidad que gestiona la institución. Sin embargo, en los casos en que esto ha ocurrido, la participación efectiva de estos docentes en las decisiones institucionales ha sido prácticamente nula, tratándose más bien de una incorporación simbólica, sin incidencia real en la conducción de la escuela. Las Asociaciones Educacionales asumen la responsabilidad integral sobre el proyecto pedagógico, la gestión institucional, los resultados de aprendizaje y la administración financiera. Para ello, deben elaborar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que abarque todos los aspectos organizativos y pedagógicos de la escuela. Este documento debe incluir la estructura de gobierno propuesta para la Asociación, la organización contable y financiera, el plan de uso de recursos, así como las metas de aprendizaje, los sistemas de evaluación internos y externos, y las innovaciones didácticas previstas para mejorar la calidad educativa.

El PEI es un componente central tanto en la instancia del concurso como en los mecanismos de seguimiento y evaluación que realiza el Ministerio. Además, cada Asociación debe firmar un “Compromiso de Escuela de Calidad” y llevar a cabo auditorías externas anuales sobre sus estados financieros, legales y contables. En cuanto al financiamiento, las escuelas reciben fondos estatales mediante un sistema de asignación por alumno, denominado Unidad de Subvención Escolar (U.S.E.). No se permite el cobro de aranceles ni la implementación de mecanismos de selección o discriminación en el ingreso y permanencia de los estudiantes. Del total de recursos recibidos, hasta un 85% puede destinarse al pago de salarios del personal, y el restante debe aplicarse a formación docente, equipamiento, insumos y otras necesidades institucionales.

Condiciones laborales en las escuelas autogestionadas

El régimen laboral docente en estas escuelas se diferencia del sistema público. Según el decreto que creó esta modalidad, los docentes que eligen trabajar en estas instituciones dejan de ser empleados del Estado y, por lo tanto, pierden la cobertura del Estatuto del Docente, pasando a ser contratados directamente por las Asociaciones Educacionales, que tienen libertad para fijar condiciones laborales y salariales dentro de ciertos márgenes (los sueldos no pueden ser inferiores ni superar en más del 50% a los de la docencia pública).

Desde su nacimiento, se ha otorgado la administracion y gestión a asociaciones civiles sin fines de lucro seleccionadas por concurso pero que en muchos casos estan cercanas o comulgan con los intereses de funcionarios gubernamentales. Estas entidades reciben financiamiento estatal a través de un sistema por alumno —la Unidad de Subvención Escolar (USE)—, pero con poca supervisión efectiva sobre la calidad educativa o el uso de los fondos.

Uno de los principales problemas detectados ha sido la falta de controles reales. . Además, las mismas asociaciones que reciben el financiamiento son quienes definen los salarios de sus propios directivos, lo que ha derivado en altas retribuciones jerárquicas y salarios bajos para docentes y personal de maestranza..

San Luis, una de las provincias argentinas que durante años se jactó de ser “modelo” en innovación educativa, atraviesa hoy una de las crisis más profundas y estructurales de su sistema escolar. Los indicadores de aprendizaje, infraestructura, condiciones laborales y equidad educativa exhiben un retroceso sostenido que alarma tanto a la comunidad educativa. Se han dado importantes iniciativas como el PANE, el Plan TUBI y en infraestructura escolar.  Ivertir en infraestructura, dignificar la l formacion docente, garantizar una alimentación saludable y recuperar la transparencia institucional. Porque sin educación no hay desarrollo, y sin justicia educativa no hay democracia que resista.