Imaginando políticas educativas estructurales

A la cuestión de cómo desarrollar una educación igualitaria, inclusiva y de calidad en la provincia de San Luis, es posible dar diversas respuestas. Desde los ámbitos gubernamentales se argumenta que con el sistema de alfabetización lanzado en la administración Poggi (2023-2027), dotar a los estudiantes de bicicletas, distribuir meriendas (bizcochos o empanadas - Plan PANE) o entregar becas en dólares pueden ser acciones útiles para mejorar la educación. De hecho, lo son. Pero lo son en la medida de que los entendamos como apoyos complementarios, pero no constituyen en sí mismas una política educativa integral. 

Confundir ayudas sociales con estrategias educativas sostenibles oculta las fallas estructurales del sistema educativo público y desvía el enfoque del fortalecimiento real que requiere. Una educación de calidad se construye sobre cuatro pilares fundamentales: infraestructura adecuada, docentes bien formados y con buenas remuneraciones, formación profesional continua y de calidad y currículos pertinentes y actualizados. Sin concursos publicos serios, las denominadas escuelas autogestionadas y/o generativas son entregadas para su administracion a dudosas asociaciones creadas en las cercanias del poder, sin antecedentes educativos de relevancia.

Regalar bicicletas o entregar comidas puede mejorar la asistencia o aliviar situaciones de pobreza, pero no mejora directamente el aprendizaje si los docentes siguen mal pagados, las escuelas carecen de materiales y no existen planes de formación continua. La calidad educativa es sistémica, no depende de medidas aisladas (UNESCO, 2020). Un sistema educativo fuerte necesita docentes con formación inicial rigurosa, con oportunidades reales de actualización y desarrollo profesional continuo y con condiciones laborales dignas (salario, estabilidad, reconocimiento). Un docente mal remunerado, sin recursos ni acceso a formación, difícilmente puede sostener una práctica educativa transformadora (Tenti Fanfani, 2010; Vaillant & Rossel, 2006).

“El Estado no puede pedir calidad a los docentes si no les garantiza condiciones mínimas para enseñar” (Tedesco, 2007).

Medidas como becas en dólares pueden beneficiar a unos pocos, pero no cambian las condiciones estructurales del sistema educativo. La equidad no se alcanza con excepciones sino con políticas universales. Por ejemplo el financiamiento educativo sostenido (al menos el 6% del PIB, como recomienda la UNESCO), la distribución equitativa de recursos entre zonas rurales y urbanas y el acceso universal a infraestructura digital, bibliotecas, laboratorios, etc.

Las políticas públicas deben construirse con participación de docentes, estudiantes, familias y comunidades. Las mejoras y aumentos salariales deben ser consensuadas con la representación docente. Deben tener una visión de largo plazo, más allá de coyunturas políticas, y estar centradas en derechos y no en favores. Apoyar a la educación pública no puede reducirse a gestos simbólicos o asistencialistas. Se necesita una política educativa articulada, con inversión estructural y con docentes como profesionales clave del cambio. Sin estos elementos, toda otra medida será superficial y no resolverá los problemas profundos de desigualdad, exclusión y baja calidad en la educación.

Refencias

·        Tenti Fanfani, E. (2010). El oficio de docente: Vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI. Siglo XXI Editores.

·        Tedesco, J. C. (2007). Educación y justicia social en América Latina. Fondo de Cultura Económica.

·        UNESCO. (2020). Informe mundial de seguimiento de la educación 2020: Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718

·        Vaillant, D., & Rossel, C. (2006). La formación de docentes en América Latina: Reforma y cambio. PREAL/BID.