El Estado promete inclusión pero es el principal agente de precarización

La investigadora Mónica Páez de la Universidad Nacional de San Luis en su articulo "Más empleo estatal y más precario" .abordo en el añ0 2009 la problemática de la precarización laboral en Argentina, particularmente en la provincia de San Luis, en el contexto de un proceso de recuperación económica posterior a la crisis de 2001-2002. La discusión se enfoca en cómo el Estado, al intentar combatir la exclusión laboral a través de políticas sociales como el Plan de Inclusión Social, se convierte en un actor que perpetúa una forma de precarización laboral, contraviniendo los objetivos de ofrecer empleo digno y estable.

Contexto histórico y el impacto de las políticas públicas
Hasta hace poco, el debate sobre la calidad de los empleos no era una prioridad, ya que la principal preocupación era la alta tasa de desempleo. Sin embargo, a partir de la crisis económica de finales de los 90 y principios de los 2000, los indicadores laborales mejoraron a nivel nacional y provincial, especialmente en la provincia de San Luis, donde se implementaron políticas de empleo como el Plan de Inclusión Social. Este plan, lanzado en 2003, buscaba reducir el desempleo mediante la inclusión de los desocupados en el mercado laboral bajo un modelo basado en planes sociales masivos.

A nivel global, el trabajo asalariado fue visto como un mecanismo de integración social, consolidando la movilidad ascendente y garantizando una forma estable de vida. Pero, cuando no se cuentan con las condiciones salariales adecuadas, el Estado entra en acción mediante mecanismos de seguridad social. No obstante, la intervención estatal no siempre resuelve el problema de la precariedad, y en muchos casos, como se observa en el caso de San Luis, puede incluso profundizar la vulnerabilidad de los trabajadores.

La precariedad en el empleo estatal
A partir de la década de 1990, el empleo estatal comenzó a adquirir características de flexibilización propias del sector informal. En lugar de ofrecer empleos estables y bien remunerados, muchos trabajadores del Estado se encontraron atrapados en contratos temporales, sin acceso a los beneficios laborales básicos como aguinaldo, vacaciones o cobertura médica. Este cambio en las condiciones laborales del empleo público, lejos de generar inclusión y bienestar, terminó por reproducir las formas de precariedad que tradicionalmente se asociaban a los trabajos informales.

En el caso de San Luis, el gobierno provincial lanzó un ambicioso Plan de Inclusión Social que buscaba “eliminar” la desocupación mediante el empleo público. Este plan, que implicó la inscripción de más de 40,000 ciudadanos, redujo significativamente la tasa de desocupación de la provincia, llevándola de un 12,6% en 2002 a un 3,7% en 2003. Sin embargo, el empleo que se generó a través de este plan no se asemeja al trabajo formal o digno que se pretende fomentar. A pesar de estar formalmente bajo la administración estatal, los trabajadores no estaban registrados en el sistema de seguridad social, carecían de beneficios como el aguinaldo o las vacaciones, y, en muchos casos, desconocían las condiciones de duración de sus contratos. Este tipo de empleo, que debería haber sido una solución a la exclusión laboral, terminó siendo una forma de empleo precario.

El texto aborda tres características clave que definen la precariedad laboral: la rotación del empleo, la remuneración recibida y la cobertura legal y social. En el caso de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social en San Luis, la rotación es alta debido a la falta de estabilidad laboral; las remuneraciones son bajas, lo que impide que los trabajadores logren una autonomía económica suficiente; y, lo más problemático, no hay una cobertura legal adecuada. La precariedad en este contexto se define por la falta de protección laboral, es decir, los trabajadores no reciben los beneficios básicos de seguridad social, ni tienen acceso a la estabilidad propia de un empleo formal.

En el caso de los planes sociales como el de San Luis, el Estado se convierte en el principal empleador, pero sin ofrecer las garantías que deberían acompañar el trabajo asalariado. Los beneficiarios no reciben un salario registrado, no están cubiertos por los sistemas de seguridad social, y en muchos casos no tienen claro si su contrato es temporal o indefinido. Esto genera una situación ambigua y precaria, donde los trabajadores no saben si pueden contar con los beneficios básicos asociados a un empleo formal.

Paradoja de la inclusión y la precariedad
Una de las principales paradojas que se destacan en el texto es que el mismo Estado, que busca incluir a los desocupados en el mercado laboral, termina siendo el principal agente de precarización. A través del Plan de Inclusión Social, el Estado provee trabajo, pero este trabajo no es estable ni protegido. Así, en lugar de ofrecer empleos con las garantías mínimas de un empleo digno, el Estado se convierte en el principal empleador en condiciones precarias, sin proporcionar las protecciones que deberían acompañar cualquier relación laboral.

Esto es especialmente grave porque el empleo estatal debería ser un modelo de estabilidad y seguridad laboral, pero en este caso, se convierte en un ejemplo de precarización. La falta de regulación clara y la discrecionalidad del poder ejecutivo provincial en la asignación de beneficios y derechos laborales agravan aún más la situación.

El texto también argumenta que la precarización del empleo no solo afecta a los trabajadores individualmente, sino que tiene efectos sociales más amplios. La precarización contribuye a la vulnerabilidad social, pues, al no garantizar una integración laboral estable, el trabajo mismo se convierte en una fuente de inseguridad social. En lugar de ser una herramienta para la movilidad social ascendente, el empleo se transforma en una expresión de exclusión, con consecuencias a largo plazo para la cohesión social.