El gobernador Claudio Poggi promulgó y publicó, a través de los decretos N° 13167-MG-2024 y N° 13168-MG-2024, las leyes que aprueban los presupuestos de 38 municipios de la provincia para el año próximo. Los decretos, fechados el 7 de diciembre, fueron publicados en el Boletín Oficial el pasado viernes, confirmando la disponibilidad de recursos para las gestiones locales en 2025.
Proceso administrativo
En los municipios sin concejo deliberante, el trámite comienza con la presentación del presupuesto por parte de los intendentes comisionados a la Legislatura provincial, donde es evaluado y sancionado. Este año, las propuestas fueron aprobadas por unanimidad en ambas cámaras legislativas antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo. Los presupuestos asignados varían ampliamente, reflejando las necesidades y capacidades de cada localidad:
Cortaderas (Departamento Chacabuco) obtuvo el presupuesto más alto con $859.808.171,50.
Zanjitas (Departamento Pueyrredón) recibió el monto más bajo, de $391.066.126,75.
Entre otras localidades destacadas:
Nueva Galia y Villa Larca también superaron los 750 millones de pesos, posicionándose entre los municipios con mayores fondos.
La mayoría de los municipios presentan presupuestos entre 400 y 700 millones de pesos, asegurando recursos para infraestructura, servicios, y desarrollo local.
Lista de municipios con sus presupuestos más relevantes
Anchorena: $634.108.069,08
Nogolí: $660.001.938,00
Villa de la Quebrada: $708.262.586,18
Los Molles: $695.244.706,92
Estancia Grande: $549.468.377,12
El presupuesto busca promover un uso eficiente y adaptado a las características de cada municipio, permitiendo a los intendentes comisionados avanzar en sus proyectos locales. Esta asignación de recursos no solo reafirma el compromiso del Gobierno provincial con la descentralización administrativa, sino que también refuerza el potencial de desarrollo local al garantizar fondos para necesidades específicas. Además, el acuerdo unánime entre ambas cámaras legislativas refleja una colaboración sólida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en favor de las comunidades.
