El Gobierno, con respaldo del macrismo, logró sostener el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei logró mantener su veto a la ley de financiamiento universitario, en una votación en la Cámara de Diputados que resultó en una victoria importante para su administración. La ley vetada proponía actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades en función de la inflación, con efecto retroactivo desde enero. Sin embargo, la Casa Rosada la rechazó, argumentando que dicha medida pondría en riesgo el equilibrio fiscal, un pilar central del plan económico del gobierno.

El oficialismo, con el respaldo de 85 votos, logró sostener el veto. Esto fue posible gracias al apoyo del PRO, liderado por Mauricio Macri, y a los votos de algunos diputados de la UCR y de legisladores de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. La oposición, por su parte, alcanzó 160 votos, pero no los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial.
A pesar de tensiones internas dentro del PRO, el partido apoyó mayoritariamente al gobierno. Sin embargo, algunos miembros, como Álvaro González y Héctor Baldassi, se opusieron al veto, mientras que otros, como Héctor Stefani, estuvieron ausentes.
Los gobernadores jugaron un papel decisivo en la votación. Por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo alineó a sus diputados a favor del veto, mientras que otros, como el sanjuanino Marcelo Orrego, decidieron votar en contra del gobierno para no exponer flancos en temas educativos, dado que San Juan es conocida como la "tierra de Sarmiento", en referencia al histórico defensor de la educación pública.

Tras la ratificación del veto, los gremios docentes anunciaron un paro total en todas las universidades del país. Rechazan la decisión del gobierno, ya que consideran que precariza aún más las condiciones laborales del personal universitario.
Para intentar aliviar las tensiones, el gobierno anunció un aumento en la Garantía Salarial Docente, retroactivo al 1 de julio, que establece un piso salarial de $420,000. Sin embargo, este aumento aún no satisface las demandas sindicales, que consideran insuficiente la suba del 6,8% acordada para octubre.
Rol de los bloques políticos:
El bloque libertario mantuvo sus 39 votos, aunque con algunas fisuras internas, como la de la diputada Lourdes Arrieta, quien votó a favor del financiamiento universitario tras haberse distanciado de Martín Menem. El radicalismo, impulsor original de la ley de financiamiento, experimentó divisiones. Mientras que algunos diputados radicales se alinearon con Milei, otros decidieron abstenerse o votar a favor del proyecto. El bloque opositor, liderado por Máximo Kirchner, se posicionó mayoritariamente en contra del veto, aunque algunas ausencias estratégicas, como la de la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, debilitaron su posición.
El debate en torno a la ley reflejó visiones contrapuestas sobre la sostenibilidad fiscal y la importancia de la educación pública. Mientras que el gobierno defendió su veto como una medida necesaria para proteger el equilibrio fiscal, la oposición y los gremios consideraron que era indispensable garantizar la actualización salarial en un contexto de alta inflación