Nueva marcha universitaria para reclamar por el presupuesto

El conflicto entre las universidades argentinas y el Gobierno se intensificó tras el anuncio del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso recientemente. Las universidades confirmaron una movilización para el 2 de octubre, como protesta por el veto y el posible desfinanciamiento del sistema universitario y científico.

El próximo 2 de octubre se llevará a cabo una nueva marcha federal universitaria, organizada por los rectores de universidades públicas, representados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en conjunto con los gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina. La movilización es una respuesta directa a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso. La protesta busca visibilizar la crisis financiera y salarial que afecta a las universidades y su personal.

En una conferencia de prensa, Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, describió la situación como una “tormenta perfecta” en la que el presupuesto para 2025 agravaría aún más la pérdida salarial que ya sufrieron docentes y no docentes durante 2024. Según Moriñigo, las universidades no solo enfrentan un problema de financiamiento, sino también de falta de prioridades por parte del Gobierno. Asimismo, denunció una “mezcla explosiva de desconocimiento y prejuicio” en el manejo del tema por parte del Ejecutivo, aunque destacó la voluntad de diálogo de los rectores.

La marcha se concentrará en la Plaza del Congreso, aunque Moriñigo subrayó su carácter federal, señalando que la movilización también incluirá reclamos por la desinversión en organismos científicos y tecnológicos como el Conicet, INTI, INTA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que dependen de universidades nacionales en varias provincias. En cuanto a los salarios, Moriñigo explicó que el personal universitario ha perdido 50 puntos frente a la inflación y 20 puntos en comparación con otros empleados estatales, una tendencia que continúa mes a mes.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el 12 de septiembre en el Senado, establecía una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde diciembre de 2023. La ley fue aprobada con un amplio margen en el Congreso, obteniendo 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Su implementación representaría un impacto presupuestario de $738.595 millones, lo que equivale al 0,14% del PBI. Sin embargo, la negativa del presidente Milei a promulgar la ley ha intensificado el conflicto, desencadenando la convocatoria a la marcha del 2 de octubre.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) adhirió a la movilización y pidió al presidente que no vete la ley, instando también a los legisladores a rechazar el veto si se concreta. Además, la UBA solicitó que el Congreso incluya modificaciones en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 para asegurar el financiamiento. En sintonía, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su preocupación por la situación, señalando que el desfinanciamiento pone en riesgo al sistema universitario.

Desde el Gobierno, si bien insisten en que nunca se interrumpió el diálogo con las universidades, consideran que la protesta distorsiona el intercambio y sostienen que ya han incrementado en un 270% los gastos de funcionamiento de las universidades, además de destinar recursos adicionales a los hospitales universitarios. Carlos Torrendell, secretario de Educación, planteó en un discurso que las universidades deben buscar independencia financiera para evitar la dependencia del Congreso y el Ejecutivo, defendiendo la autarquía económica como un paso hacia una mayor libertad institucional. Sin embargo, indicó que el veto del presidente responde a la falta de una fuente clara de financiamiento en la ley.

El Gobierno también ha señalado que el conflicto con las universidades no es su principal preocupación, ya que su atención está más centrada en la caída de la imagen presidencial, atribuida principalmente al aumento de tarifas públicas. Además, deslizaron la posibilidad de transferir la gestión de las universidades a las provincias, aunque no es una medida que se implementaría de inmediato. El conflicto sigue escalando, con las universidades movilizándose en defensa de la educación pública, mientras el Gobierno defiende sus decisiones presupuestarias y sostiene que el diálogo sigue abierto.