

Después del choque de trenes en Palermo, el Gobierno nacional ha tomado la decisión de declarar la emergencia ferroviaria. Esta medida busca facilitar la administración de fondos de manera más ágil, permitiendo enfrentar contingencias como el robo de cables o problemas de infraestructura en el sector. La falta de mantenimiento en el sistema ferroviario, evidenciada por este incidente, ha llevado al Gobierno a tomar esta medida para asegurar una respuesta más efectiva ante situaciones similares en el futuro.
La empresa responsable, Trenes Argentinos, ha enfrentado una crónica falta de inversión, reflejada en un significativo recorte de las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas en los primeros cuatro meses de 2024. Este recorte ha afectado especialmente a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con una reducción del 92%, y ha dejado obras pendientes como la electrificación de la línea San Martín, anunciada en 2017 pero aún sin adjudicación.
Trenes Argentinos, dirigida actualmente por Luis Adrián Luque, ha experimentado demoras en la designación de autoridades, lo que ha generado dificultades operativas. La falta de fondos ha afectado el mantenimiento del material rodante y ha detenido licitaciones para la renovación de locomotoras, entre otras medidas necesarias para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de los servicios ferroviarios.
Esta no es la primera vez que se declara la emergencia ferroviaria en Argentina; anteriormente, durante el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002, se tomó una medida similar que se extendió durante varios años. La situación actual refleja la necesidad de abordar de manera urgente los problemas estructurales del sistema ferroviario argentino para garantizar la seguridad y eficiencia en el transporte de pasajeros.


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