La decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de congelar la solicitud de nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados ha encendido las alarmas en el sistema de educación superior del estado y entre organizaciones nacionales, que advierten sobre graves consecuencias para las universidades, el sistema de salud y la economía texana.
La orden, emitida el 27 de enero, instruye a las agencias estatales —incluidas universidades y colegios públicos— a dejar de solicitar al gobierno federal visas H-1B, un programa que permite contratar profesionales extranjeros con habilidades especializadas. Además, exige a las instituciones educativas entregar información detallada sobre los empleados que actualmente trabajan bajo este estatus migratorio. Abbott justificó la medida apelando a un discurso nacionalista y de “prioridad laboral” para los texanos. Sostuvo que el programa H-1B, creado para atraer talento altamente especializado, se utiliza con frecuencia para ocupar puestos que “deberían ser cubiertos por trabajadores de Texas”. El gobernador recordó inversiones estatales por 5.000 millones de dólares en 2023 para modernizar la educación superior y cientos de millones adicionales destinados a capacitación laboral en 2025. “El gobierno estatal debe liderar con el ejemplo y asegurar que los empleos financiados con dinero público sean ocupados primero por texanos”, afirmó.
Universidades acatan, pero crece el rechazo académico
El sistema universitario Texas A&M confirmó que está cumpliendo plenamente con la directiva. En un comunicado, su vicecanciller de marketing y comunicaciones, Chris Bryan, señaló que la institución ya había dejado de patrocinar nuevas visas H-1B tras el aumento de la tarifa federal de 5.000 a 100.000 dólares por solicitud. Sin embargo, profesores y asociaciones académicas han rechazado con dureza los argumentos del gobernador. La Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP), tanto a nivel estatal como nacional, calificó la medida de “temeraria” y se advirtió que el congelamiento afectará la calidad de la enseñanza, la investigación y, de forma especialmente grave, a los centros médicos universitarios, donde la presencia de personal altamente cualificado es crítica. En Texas A&M, casi el 5% del profesorado trabaja con visas H-1B, una proporción similar a la de otras universidades del estado.
Impacto económico y pérdida de talento
Organizaciones nacionales como NAFSA, la President’s Alliance on Higher Education and Immigration (PAHE) y la Asociación Americana de Colegios y Universidades (AAC&U) alertan que Texas podría perder una ventaja clave en la atracción y retención de talento internacional. Miriam Feldblum, presidenta de PAHE, recordó que más del 60% de los estudiantes internacionales formados en Texas permanecen en el estado tras graduarse, contribuyendo a la innovación y la creación de empleo. “Su número es pequeño, pero su impacto es desproporcionadamente grande”, subrayó.
La orden también exige a las universidades reportar datos detallados —incluidos países de origen y fechas de vencimiento de visas— y demostrar que intentaron contratar trabajadores texanos antes de recurrir a personal extranjero, una medida que muchos académicos consideran intimidatoria. Más allá de lo administrativo, líderes educativos advierten sobre el impacto psicológico en profesores y estudiantes, especialmente en comunidades migrantes y de primera generación. Lynn Pasquerella, presidenta de la AAC&U, señaló que estas políticas refuerzan la “incertidumbre de pertenencia”, un factor que reduce el rendimiento académico y el bienestar.
La medida de Abbott se suma a acciones similares adoptadas recientemente en Florida por el gobernador Ron DeSantis, lo que sugiere una tendencia más amplia de endurecimiento migratorio a nivel estatal, con consecuencias aún inciertas para el futuro de la educación superior en Estados Unidos.
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