En medio de un escenario de creciente conflictividad y luego de un masivo paro que paralizó más de 50 universidades nacionales el pasado lunes, el Gobierno nacional anunció un incremento salarial del 7,5% para docentes y no docentes del sector universitario. La medida, comunicada por el Ministerio de Capital Humano, se implementará entre los meses de septiembre y noviembre, e incluye una suma fija excepcional de $25.000 por cargo para el personal de ambas categorías. Un aumento sensiblemente insuficiente que apenas cubre la inflacion de tres meses, sin recomponer verdaderamente las remuneraciones.
Sin embargo, lejos de aliviar el clima de tensión en las casas de estudio, el anuncio fue recibido con malestar y fuertes críticas por parte de los gremios universitarios, que lo calificaron como “insuficiente” y “una burla” frente al deterioro sostenido del poder adquisitivo.
De acuerdo con el comunicado oficial, los trabajadores percibirán con los haberes de agosto un adelanto del 3,95%, mientras que el resto del incremento se repartirá en cuotas durante los dos meses siguientes. El Gobierno defendió la medida señalando que “desde el inicio de la gestión se fortalecieron las transferencias a las Universidades nacionales”, e insistió en que se asignaron fondos adicionales por más de 23.000 millones de pesos para políticas específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Las organizaciones sindicales, reunidas en la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), vienen denunciando que docentes y no docentes se encuentran “debajo de la línea de pobreza” y que, en esas condiciones, “no hay universidad posible”. Desde la conducción gremial recordaron que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento salarial acumulado fue del 111%, muy por debajo del índice inflacionario del mismo período. La tensión también está marcada por el debate en el Congreso sobre el financiamiento universitario. La semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que incrementaría las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, aunque el Poder Ejecutivo ya manifestó su disconformidad con la iniciativa.
En universidades como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los gremios anticiparon que el paro se extenderá durante toda la semana y que se profundizará el plan de lucha si no hay una recomposición real de los salarios. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), las principales asociaciones gremiales anunciaron clases públicas, charlas abiertas y radios en vivo para visibilizar el reclamo. “El Gobierno debe entender que estamos defendiendo el sistema universitario público. Este aumento no sólo no resuelve nada, sino que profundiza el deterioro de las condiciones de trabajo”, advirtió un representante de CONADU.
El anuncio también contrasta con el dato difundido por el propio Ministerio de Capital Humano de que los hospitales universitarios recibieron un aumento del 246% en la función salud y que en 2025 está prevista una partida adicional de 33.000 millones de pesos para la Universidad de Buenos Aires. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto, y la comunidad universitaria vuelve a advertir que, sin un cambio en la política salarial y sin una actualización adecuada del presupuesto, el normal desarrollo de las clases en el segundo cuatrimestre se encuentra seriamente comprometido.
