Universidades versus gobierno. Batalla mediatica sin dialogo

El conflicto universitario en Argentina se intensifica con la participación activa del presidente Javier Milei, quien ratificó que la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Según Milei, estas auditorías son necesarias para identificar supuestos actos de corrupción dentro de las universidades, a las que acusa de ser utilizadas como "frentes para el robo". Esta situación se enmarca en un contexto de creciente tensión debido a los bajos salarios del sector universitario y los recortes presupuestarios en educación para 2025, lo que ha generado la movilización del personal docente y administrativo.

El próximo paro de universidades, programado para el miércoles 30 de octubre, coincide con una huelga de transporte, y una tercera marcha nacional está en preparación, lo que evidencia la escala de la disputa. Las universidades, encabezadas por la UBA, rechazan la intervención de la Sigen y sostienen que la intromisión del Poder Ejecutivo atenta contra su autonomía. En respuesta a esta medida, la UBA ha decidido llevar el tema a la Justicia, insistiendo en que aceptan auditorías, pero a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya realiza controles en el ámbito de la educación pública. La AGN, que tiene vínculo con el Congreso mediante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, aún no había incluido a las universidades en su plan de auditoría para 2025, aunque la UBA solicitó formalmente su inclusión.

El presidente se metió en la contienda con la UBA. En tanto, los docentes se suman a la medida de fuerza del transporte del miércoles 30 y comienzan a azuzar con una tercera marcha. Mientras el presidente continua con su diatriba hacia las universidades, los salarios universitarios estan en su punto mas bajo y el gobierno cercena el presupuesto para las universidades 2025. El conflicto universitario surge por la falta de negociacion e impericia del gobierno nacional al no reconocer la baja sustantiva de los salarios universitarios y no otorgar un aumento razonable de salarios. Esto sucede, mientras el ministro de economia Luis Caputo redirige partidas del presupuesto todas las semanas. El conflicto era facilmente subsanable. Naturalmente las universidades tienen distintos controles, pueden ser auditadas, pero los salarios docentes, mas del 90 por ciento del presupuesto universitario, han sido pobremente elevado.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la decisión de recurrir a la Sigen, mencionando que ya hubo auditorías previas en otras universidades sin oposición y destacando irregularidades detectadas en instituciones como la Universidad de Tucumán. Álvarez argumenta que esta medida busca "volver a la normalidad", y sostiene que la negativa de la UBA viola los derechos de los estudiantes al no permitir un control administrativo adecuado.

El presidente también cuestionó la representatividad de las recientes manifestaciones en defensa de las universidades, aludiendo a una disminución en la participación: la primera marcha tuvo 230,000 asistentes, mientras que la segunda reunió a 60,000 personas, según cifras oficiales. Además, Milei atribuye la movilización a la manipulación política por parte de diversos sectores, sugiriendo que los estudiantes son utilizados como herramienta en esta disputa.

Este conflicto refleja una crisis en el sistema universitario argentino marcada por la desactualización de salarios y el descontento con la gestión presupuestaria, mientras el Gobierno reubica fondos de manera periódica sin atender las demandas salariales de los universitarios, ni demandas diversas de la sociedad argentina, encerrado en la idea del deficit 0.