Incumplimento de obligaciones patronales en la UNVIME

La Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) ha solicitado una auditoría externa al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad para investigar un incumplimiento en el pago de las contribuciones patronales durante cinco meses del año 2023. Este problema ha derivado en una denuncia penal ante la Fiscalía Federal contra el exrector David Rivarola y la exsecretaria de Hacienda, Claudia Grando. La deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) asciende a más de 163 millones de pesos.

Juan Manuel Quiroga, asesor legal y técnico de la institución, explicó que la falta de pagos de la Seguridad Social de 551 trabajadores corresponde a los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto del año pasado. Quiroga señaló que esta situación es preocupante por dos razones: primero, estos meses coincidieron con el cronograma electoral de las elecciones universitarias; y segundo, porque perjudica a los trabajadores que se jubilen o que ya estén en condiciones de hacerlo, ya que este período no cuenta con aportes.  El abogado también mencionó que la anterior gestión recibía mensualmente los fondos nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que hace incomprensible el motivo por el cual no se abonaron las contribuciones, generando así grandes intereses por la moratoria.

Además, Quiroga subrayó que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo el patrimonio de la universidad. La deuda de esta magnitud implica menos dinero para becas, infraestructura, transporte y otras tareas académicas esenciales. También explicó que durante el período en cuestión, la administración era responsabilidad del exrector Rivarola, mientras que Claudia Grando se encargaba de la parte operativa. Será la Justicia la que determine el grado de responsabilidad de cada uno, en lo que podría considerarse un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión agravada y/o apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social. Quiroga detalló que algunos meses no se pagaron, en otros solo se pagó una parte y en mayo se pagó la totalidad pero con un mes de diferencia, lo que generó un perjuicio de dos millones de pesos en intereses. Todo esto tiene un costo que paga la universidad, afectando su patrimonio y, por ende, a toda la comunidad universitaria.

Finalmente, Quiroga informó que la fiscalía será la encargada de llevar adelante la investigación. Hasta el momento, la actual gestión no ha recibido ningún contacto de los funcionarios anteriores.