Ajuste libertario a las universidades

El inicio del cuatrimestre 2024 en las universidades nacionales de Argentina se ve amenazado por un ajuste presupuestario sin precedentes en salarios y gastos operativos. Este ajuste, impuesto por la presidencia de Javier Milei, afectará a más de 2.2 millones de estudiantes, constituyendo el 80.5% de la matrícula universitaria total. A diferencia de otros niveles educativos, las universidades dependen de transferencias del Poder Ejecutivo Nacional para sus gastos.

Las universidades argentinas se encuentran en alerta debido a la falta de fondos, generando tensiones en medio del ajuste fiscal. Con un presupuesto anterior de $238 millones, la inflación proyectada del 250% para este año implica que necesitarían al menos $645 millones, dejando un déficit estimado de $406 millones.

Con una inflación que supera el 70% en los últimos tres meses, la propuesta del gobierno en las paritarias docentes es aumentar solo el 16% de salarios ya atrasados en 2023. Los sueldos en la educación superior argentina se consideran bajos en comparación con otras universidades de la región.

El presupuesto para gastos de funcionamiento está basado en estimaciones incorrectas de ingresos y gastos proyectados para 2023, ya que el Congreso no aprobó una ley para 2024. Con una inflación acumulada del 367% desde septiembre de 2022, Las universidades enfrentan graves problemas financieros. La falta de respuesta del gobierno nacional en las negociaciones salariales para el ámbito universitario ha llevado a la imposición de un aumento del 6% por decreto sobre el acuerdo salarial de 2023, generando un retraso salarial del 50% en 90 días.

El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) señala que el presupuesto prorrogado es insuficiente para cubrir servicios básicos, mantenimiento, seguridad, limpieza y compra de insumos. Aunque se sugiere un posible incremento parcial en los fondos previstos en 2022, no hay confirmación oficial. Las universidades no solo proporcionan educación, sino que también ofrecen servicios como hospitales, escuelas medias, producción de alimentos y atención psicológica. Estos servicios se ven amenazados por recortes y conflictos salariales y generara unareducción de prestaciones en los próximos meses.

Ante la creciente inflación sin límite en Argentina, el Frente Sindical Universitario, conformado por sindicatos de profesores y personal no docente de universidades públicas, ha anunciado una huelga nacional para el 14 de marzo. La medida se debe a la insuficiencia del presupuesto prorrogado de 2023 para afrontar el año 2024.

Las negociaciones salariales para el ámbito universitario han carecido de respuesta por parte del Gobierno nacional, que impuso un aumento del 6% por decreto sobre el acuerdo salarial de 2023, generando un retraso salarial del 50% en los primeros 90 días de gestión. La huelga de 24 horas, programada para el 14 de marzo, busca visibilizar estas problemáticas.

Las acciones son también una respuesta al congelamiento del presupuesto universitario, la suspensión de becas para estudiantes, recortes en Ciencia y Tecnología, y la reducción salarial del FONID para el nivel preuniversitario. Estas medidas, según el Frente Sindical Universitario, buscan asfixiar a las universidades públicas, responsabilizando al presidente Javier Milei y a los responsables del área educativa. El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, destaca que la huelga es la continuación de un plan de lucha tras el fracaso de las negociaciones salariales. Además, se informa que el inicio de clases se retrasará debido a la decisión del gobierno de mantener el presupuesto de 2023, lo que las universidades consideran insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento. Con más del 90% del presupuesto asignado a salarios, solo queda un 6% para gastos, obligando a las universidades a tomar medidas como postergar el inicio de carreras y restringir becas de comedor o movilidad.

Por otro lado, el gobierno detuvo la creación de cinco universidades nacionales esta semana, argumentando la necesidad de revisar el inicio de actividades académicas. Algunos comparan el ajuste actual con las políticas universitarias de Carlos Menem en los años 90, pero se señala que la comparación no es completamente válida, ya que Menem tuvo políticas innovadoras y promovió la creación de universidades.

Las transferencias a universidades en enero fueron de $144.850 millones, con una caída del 16.5% en términos reales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Además, se destaca la falta de registro de la liquidación de enero de las Becas Progresar. El CIN se reunió con autoridades gubernamentales para abordar la necesidad de actualización de gastos de funcionamiento, paritarias y otros temas, recibiendo compromisos de gestiones y respuestas en los próximos días.

La falta de estrategia educativa conocida en el gobierno de Milei, junto con el ajuste en curso, afecta también al Conicet, generando una asfixia presupuestaria que impacta en la producción científica y tecnológica. Este desprecio hacia la formación, las actividades comunitarias, la investigación científica hacia la educacion en general, se opone cualquier proyecto de desarrollo, disminuye oportunidades para las personas y socava el rico  capital social del país.