El Gobierno nacional tiene previsto gastar $91.500 millones en las elecciones de 2023 en Argentina. Este monto contempla la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones generales y una eventual segunda vuelta.
La Dirección Nacional Electoral (DINE), un organismo técnico que depende del Ministerio del Interior, ha realizado licitaciones y contrataciones para los preparativos de las elecciones. Hasta el momento, se ha ejecutado un monto de $18.781 millones, pero se espera que los desembolsos se aceleren a medida que se acerque la fecha de los comicios. En el Presupuesto 2023 se había previsto inicialmente $56.378 millones para las elecciones, pero el Ministerio del Interior solicitó una ampliación presupuestaria de $43.000 millones debido al reajuste inflacionario. Finalmente, se aprobó una ampliación de $35.154 millones. En comparación, en las elecciones de 2019 se gastaron $9.235 millones.
El rubro más costoso de las adjudicaciones realizadas hasta ahora es la logística general para el operativo electoral, que estará a cargo del Correo Argentino. También se ha contratado a la empresa INDRA para el recuento provisorio de votos en las PASO y las elecciones generales.
Por otro lado, se conoció que la Dirección Nacional Electoral, un organismo que depende del Ministerio del Interior, ha desconocido una resolución de la Corte Suprema de 2020 y, en base a lo dispuesto con la ley de primarias, dispuso restringir el gasto que deberá afrontar el Estado para financiar la impresión de las boletas nacionales de aquellas agrupaciones que participarán en agosto próximo. En línea con esta idea, una resolución que se publicó recientemente, la DINE, a cargo de Marcos Schiavi, se comprometió a desembolsar un total de $8.068 millones en concepto de impresión de boletas. El funcionario emitió la resolución en virtud de la ley 26571, que establece que el Estado otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir sus boletas, a razón de una boleta por elector.
Sin emargo, la Corte Suprema, en un fallo de 2020, dispuso que ese financiamiento público no se limite a las agrupaciones políticas participantes, sino que debe alcanzar a cada lista interna que compite en las primarias.
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