La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre de 2026, volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas. Estudiantes, docentes y trabajadores reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras los datos presupuestarios muestran que los recursos destinados a la educación superior siguen por debajo de los niveles de 2023 y los salarios docentes acumulan una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
La defensa de la universidad pública volvió a movilizar a miles de personas en más de una decena de ciudades argentinas. La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector, tuvo como principal reclamo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta expresó el malestar de una comunidad educativa que cuestiona el deterioro de sus ingresos, las dificultades para sostener el funcionamiento de las instituciones y la incertidumbre sobre el futuro del sistema universitario. La jornada también estuvo marcada por incidentes frente al Congreso de la Nación. Según el Ministerio de Seguridad, al menos 25 personas fueron detenidas y ocho efectivos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Estos episodios agregaron tensión a una movilización que tuvo como eje central una discusión de fondo: qué recursos debe garantizar el Estado para sostener las universidades públicas y qué obligaciones tiene el Gobierno frente a una ley aprobada por el Congreso y respaldada por decisiones judiciales.
Las cifras presupuestarias permiten dimensionar el problema. Para 2026, el Gobierno prevé destinar aproximadamente $6,2 billones a la educación superior. Aunque el monto representa un incremento real del 5% respecto de 2025, todavía se encuentra un 25,3% por debajo de lo invertido en 2023, último año de la gestión del Frente de Todos. La diferencia no es menor. Para recuperar el nivel de inversión de aquel año, el presupuesto universitario de 2026 debería alcanzar aproximadamente los $8,3 billones. Esto significa que la mejora prevista para el ejercicio actual no alcanza para compensar la reducción acumulada durante los últimos años.
El proyecto de Presupuesto 2027 tampoco plantea una recuperación sustancial en términos reales. La inversión prevista asciende a $7,5 billones, una cifra que, según las estimaciones consideradas, se mantiene prácticamente sin cambios reales respecto de 2026. Para igualar el nivel de inversión de 2023, los recursos deberían acercarse a los $10 billones. La discusión, por lo tanto, no se limita a determinar si el presupuesto aumenta de un año a otro. La cuestión central es cuánto permite comprar ese dinero y qué capacidad tiene para sostener los gastos cotidianos de las instituciones. En un contexto inflacionario, un incremento nominal puede coexistir con una reducción real de los recursos disponibles.
Durante los primeros nueve meses de 2026, el Gobierno ejecutó alrededor de $4,2 billones en educación superior, equivalentes al 69% del presupuesto anual. Sin embargo, el nivel de ejecución debe analizarse junto con las necesidades efectivas de las universidades, sus compromisos pendientes y la evolución de los costos de funcionamiento. Una situación particular se observa en los hospitales universitarios. Hasta septiembre se habían ejecutado aproximadamente $127.000 millones, por encima de los $114.000 millones previstos para todo el año. Esta diferencia evidencia la presión que enfrentan instituciones que combinan la atención sanitaria con la docencia, la investigación y la formación de profesionales. El funcionamiento universitario no depende exclusivamente del pago de salarios. También requiere mantener edificios, laboratorios, bibliotecas, equipamiento, servicios, becas y actividades de investigación y extensión. Cuando los recursos pierden capacidad de compra, las consecuencias pueden trasladarse a la calidad de las prestaciones, las condiciones de trabajo y las oportunidades de formación de los estudiantes.
El deterioro salarial constituye uno de los principales motivos de conflicto. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en septiembre de 2026 un auxiliar docente de primera con dedicación simple, diez años de antigüedad y una carga de nueve horas semanales percibió $421.236. Ese ingreso representa una caída real del 24,2% respecto de noviembre de 2023. En otras palabras, aun cuando los salarios hayan recibido aumentos nominales durante el período, su capacidad de compra se redujo considerablemente frente a la inflación.
La pérdida afecta a trabajadores que cumplen funciones esenciales para el sistema universitario. La docencia, la investigación, la dirección de proyectos y el acompañamiento de estudiantes requieren formación profesional, actualización permanente y tiempo de trabajo. Cuando las remuneraciones se deterioran, las universidades encuentran mayores dificultades para retener personal calificado y sostener equipos académicos estables. A comienzos de junio de 2026, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron un incremento salarial del 24,3%, distribuido en dos tramos: 21,3% en junio y 3% en octubre. Sin embargo, ese acuerdo no alcanza, según las estimaciones citadas, para cumplir con la actualización prevista por la Ley de Financiamiento Universitario.
Para alcanzar el nivel salarial que resultaría de aplicar la actualización correspondiente desde noviembre de 2023, el ingreso de referencia debería aumentar aproximadamente un 32% adicional sobre el haber de septiembre. De ese modo, pasaría de $421.236 a cerca de $556.000.
La diferencia muestra la distancia entre los aumentos acordados y la recomposición necesaria para recuperar el poder adquisitivo perdido. No se trata solamente de discutir el porcentaje de un próximo incremento, sino de establecer un mecanismo que impida que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente a los precios. La cuestión también tiene consecuencias sobre el futuro de la educación superior. La universidad necesita docentes con formación, experiencia y posibilidades concretas de desarrollar una carrera académica. Si los ingresos no acompañan el costo de vida, aumenta el riesgo de que profesionales capacitados busquen otros empleos o abandonen actividades de investigación y enseñanza que requieren años de preparación.
El conflicto presupuestario tiene además una dimensión institucional. En agosto de 2025, el Senado sancionó definitivamente la Ley de Financiamiento Universitario, que estableció mecanismos de actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades y de los salarios docentes, vinculados con la inflación acumulada desde fines de 2023. En septiembre de ese año, el presidente Javier Milei vetó la norma con el argumento de que no contemplaba las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los aumentos previstos. Posteriormente, el Congreso rechazó el veto, pero el Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante un decreto que suspendía su ejecución hasta que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento.
La decisión abrió una controversia judicial. A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inconstitucional el decreto. El Gobierno apeló esa decisión y el litigio continuó. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dictó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de dos artículos vinculados con los salarios docentes y las becas estudiantiles. Según la información disponible, la Corte Suprema ratificó esa protección cautelar.
Ante el incumplimiento de la medida, el juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al entonces jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la sanción. La controversia plantea una cuestión que trasciende la disputa entre el Gobierno y las organizaciones universitarias: el alcance de las obligaciones del Poder Ejecutivo frente a las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones adoptadas por los tribunales. La discusión sobre las fuentes de financiamiento es relevante, pero también lo es determinar cómo se garantiza el cumplimiento de las normas vigentes.
La Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre no puede interpretarse únicamente como una protesta por salarios atrasados o partidas presupuestarias insuficientes. También expresa una disputa sobre las prioridades del Estado y el lugar que ocupa la educación superior en el desarrollo económico, científico, social y cultural del país. Las universidades públicas forman profesionales, producen conocimientos, desarrollan investigaciones y sostienen actividades de extensión que llegan a comunidades y sectores productivos. Su funcionamiento tiene efectos que exceden las aulas y los campus: influye en la atención sanitaria, la innovación tecnológica, la formación docente y las posibilidades de movilidad social.
Por eso, el financiamiento universitario no debería evaluarse solamente como un gasto que debe reducirse o contenerse. También constituye una inversión en capacidades colectivas. La discusión fiscal es necesaria, pero requiere considerar las consecuencias de desfinanciar instituciones cuya recuperación puede demandar muchos años. La pérdida real del 25,3% en los recursos destinados a educación superior desde 2023 y el retroceso salarial del 24,2% muestran la magnitud del desafío. Aun con aumentos previstos para 2026, los valores continúan lejos de los niveles de referencia. Y las proyecciones presupuestarias para 2027, de acuerdo con las estimaciones citadas, no anticipan una recuperación suficiente.
La salida exige decisiones concretas: garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento universitario, establecer una política de actualización salarial compatible con la inflación, sostener las becas y atender las necesidades de los hospitales universitarios. También requiere previsibilidad presupuestaria, transparencia en la ejecución de los fondos y mecanismos institucionales que permitan resolver los conflictos sin prolongar la incertidumbre. La pregunta que deja la movilización es, en definitiva, qué universidad pública tendrá la Argentina en los próximos años. Si el financiamiento continúa perdiendo capacidad real y los salarios permanecen rezagados, las consecuencias no recaerán solamente sobre docentes y trabajadores, sino también sobre los estudiantes y la sociedad que necesita profesionales, investigadores y conocimiento.
Defender la universidad pública implica discutir cómo financiarla, cómo mejorar su funcionamiento y cómo garantizar que siga siendo una oportunidad de formación para quienes no podrían acceder a otras alternativas. En ese debate, el cumplimiento de la ley y la recuperación de los recursos constituyen dos cuestiones centrales que el Estado no puede eludir.
Fuentes de referencia:
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU);
Ley de Financiamiento Universitario; Ministerio de Economía;
Poder Judicial de la Nación
Chequeado, con datos presupuestarios y salariales correspondientes a 2026.
