Juicio contra la Corte por DNU

Las declaraciones de varios referentes del kichnerismo que le solicitan al presidente Alberto Fernández avanzar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia con algunos de los proyectos que la oposición se niega a tratar en el Congreso, expone a la sociedad a un debate sobre la legalidad de la utilización de ese dispositivo legal, que los mandatarios nacionales suelen usar en más de una ocasión.

A días de que Juntos por el Cambio (JxC) anunciara que no aprobará ninguna ley del Gobierno mientras dure el pedido oficial del juicio contra la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, propuso llevar adelante la ampliación del máximo tribunal y reformar el Consejo de la Magistratura por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El mandatario aseguro que "hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso creo que por el consenso social y ciudadano hay que ir y trabajar en materia de instrumentación para un DNU", señalo.

Esta forma de proceder, sienta que las únicas limitaciones que tiene en ese caso es en cuestiones penales, impositivas, de regulación electoral y de partidos políticos, en las que no puede intervenir bajo ningún supuesto, por lo que las iniciativas que pretende aprobar el Frente de Todos, que son en su mayoría del ámbito judicial, no están contempladas y no estarían prohibidas.

La ampliación de los miembros de la Corte Suprema Justicia es una de las iniciativas que impulsa el oficialismo.La Reforma del Consejo de la Magistratura o la ampliación del número de integrantes de la Corte se puede realizar bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, para la Corte, circunstancias excepcionales son hechos de guerra, tsunamis o inundaciones que les impidan a los legisladores llegar al Congreso..

El diputado nacional Carlos Heller, opinó recientemente que “si el Parlamento no funciona, está dada la necesidad y la urgencia porque hay cosas que resolver que no se están resolviendo”. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay señalo que, si bien los proyectos del oficialismo no están dentro de los cuatro temas que no se pueden resolver por decreto, “la Constitución es muy clara respecto de ellos y dice que, como principio general, están prohibidos”. “Solo permite su utilización en circunstancias que impidan el trámite normal del Poder Legislativo, excluyendo siempre esas cuatro materias, por lo tanto, en este caso el asunto entraría en la prohibición general, ya que no hay una urgencia ni una necesidad”, agrego.