En los últimos meses, el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco de la Nación Argentina quedó en el centro del debate público. Registros oficiales del Banco Central de la República Argentina revelan que varios funcionarios del Gobierno nacional —especialmente vinculados al área económica— y diputados de La Libertad Avanza accedieron a condiciones de financiamiento preferenciales, diseñadas originalmente para empleados del Estado.
La línea en cuestión permitía cubrir hasta el 90% del valor de la propiedad, con tasas de interés considerablemente más bajas que las disponibles para el público general. Mientras que otras opciones hipotecarias del banco ofrecían tasas significativamente más elevadas, estos préstamos se otorgaban con condiciones que, en algunos casos, resultaban menos de la mitad de costosas. Este esquema, si bien no es ilegal en sí mismo, abrió interrogantes sobre el acceso equitativo al crédito en un contexto de fuerte restricción financiera para la mayoría de la población.
Uno de los ejemplos más destacados es el de Felipe Núñez, actual director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. Núñez obtuvo un crédito hipotecario por $373 millones (equivalente a unos US$315.000 al momento de la operación), una cifra cercana al tope permitido por esta línea especial. La tasa aplicada fue del 4,5% anual, lo que lo ubica entre los préstamos más ventajosos y de mayor monto otorgados por la entidad. El caso generó especial atención no solo por el monto, sino también por el rol estratégico del beneficiario dentro del equipo económico.
Paralelamente, el análisis del uso de recursos públicos por parte del Banco Nación sumó otro foco de discusión: el gasto en publicidad oficial. A partir de un pedido de acceso a la información pública, se conoció que en 2025 la pauta publicitaria del banco creció un 31% en términos reales respecto de 2024 y un 86% en comparación con 2023. Sin embargo, cuando se solicitó el detalle de cómo se distribuyen esos fondos entre medios de comunicación, la entidad rechazó brindar esa información. La negativa se alinea con antecedentes recientes, como el de YPF, que también evitó transparentar el reparto de su pauta oficial ante pedidos similares.
La combinación de créditos con condiciones preferenciales para funcionarios y el aumento del gasto publicitario sin desglose detallado plantea interrogantes sobre los criterios de asignación de recursos públicos. Mientras desde el Gobierno se sostiene que las líneas crediticias cumplen con normativas vigentes, especialistas en transparencia y acceso a la información advierten sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas. En un contexto económico complejo, donde el acceso al crédito hipotecario es limitado para gran parte de la sociedad, estos casos reavivan el debate sobre equidad, privilegios y uso de fondos estatales.
