El Gobierno define cambios en las licencias médicas

El presidente Javier Milei está a punto de lograr lo que ninguno de sus antecesores pudo en las últimas décadas: una reforma laboral integral que modificaría con una sola ley diversos aspectos del sistema actual. Sin embargo, en el tramo final del tratamiento legislativo comenzaron a surgir imprevistos que el Gobierno intentará sortear esta semana, mientras crece el conflicto con la cúpula sindical, que endureció su postura y confirmó una medida de fuerza.

El Consejo Directivo de la CGT anunció un paro general de 24 horas -el cuarto contra la administración libertaria- para el día en que la Cámara de Diputados trate la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado. Desde la Casa Rosada siguen con especial atención la postura que adoptará la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que agrupa a los choferes de la mayoría de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Tienen que hacer que pare el transporte, porque de lo contrario va a quedar en evidencia que los trabajadores no los apoyan", señaló a Infobae una fuente del Poder Ejecutivo. El sindicato de colectiveros, que ya no integra la conducción cegetista por diferencias internas, suele mostrarse más conciliador y no siempre participa de las medidas de fuerza. En el paro convocado en abril del año pasado, la UTA finalmente no adhirió luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria.

El costo económico de aquel cese de actividades fue estimado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en $208.497 millones, equivalentes en ese momento a aproximadamente USD 194 millones. Ahora, aunque la UTA confirmó que se plegaría a la protesta, en Balcarce 50 no descartan que se pueda abrir una negociación de último momento para garantizar el servicio de micros. El resto de los gremios del transporte ya confirmaron su adhesión: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y personal de subte, entre otros.

El artículo 44, en la mira
En el plano legislativo, uno de los puntos más conflictivos del proyecto es el artículo 44, incorporado a último momento durante la votación en el Senado. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, modifica el régimen de licencias médicas por enfermedades o lesiones contraídas fuera del ámbito laboral.

El texto original establecía una reducción salarial escalonada: quienes deban someterse a tratamientos prolongados, como terapias oncológicas, percibirían el 75% de su sueldo, mientras que en casos de accidentes no laborales -una fractura durante la práctica de un deporte, por ejemplo- el trabajador pasaría a cobrar el 50% de su remuneración.

La medida generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y sociales. Ante la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Poder Ejecutivo estudia modificaciones para que la reducción no alcance a las afecciones "severas, degenerativas, y siempre que sean fehacientemente comprobables". Fuentes oficialistas reconocieron a este medio que con este artículo cometieron "una de más", pero advirtieron que la intención era contar con una alternativa para destrabar la sanción final del proyecto, algo que ya parece inevitable.

El oficialismo trabaja contrarreloj para convertir la reforma en ley antes del 1 de marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias. Según el esquema previsto, Diputados trataría el proyecto este jueves. Al día siguiente, Bullrich debería conseguir el dictamen necesario para que, cumplida la semana reglamentaria y sobre el filo del cierre de las extraordinarias, la norma sea votada en el Senado el 27 de febrero. La senadora visitó este lunes al presidente Milei en la Quinta de Olivos para analizar las alternativas legislativas y sus implicancias. La estrategia final se definirá en la próxima reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, prevista para este miércoles, aunque todavía no fue convocada formalmente.

Del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. El grupo deberá definir los cambios puntuales al proyecto y la estrategia para garantizar su aprobación en un clima de creciente tensión social y sindical, con un paro general que amenaza con paralizar el país justo en el momento clave de la discusión parlamentaria.