Un año de Poggi: luces y sombras de la subvención estatal en la educación

La reunión del gobernador Claudio Poggi con representantes de las escuelas  religiosas de gestión privada plante a fines del 2023 una serie de implicancias tanto políticas como educativas. Este encuentro, aunque en apariencia positivo para las instituciones beneficiadas, revelo tensiones y desafíos profundos en la administración de fondos públicos y la planificación estratégica educativa. Una pregunta que muchos pueden hacerse es porque un gobernador que recibe números en rojo se apresura a manifestarles a estas escuelas que tendrán sus fondos, mas los restituidos, mientras existen escuelas sin subvención estatal.

El hecho de que el gobernador Poggi asegurara mantener la subvención del 90% a estas instituciones, incluso en un contexto financiero delicado, pudo interpretarse como una decisión pragmática para evitar un conflicto inmediato con las escuelas privadas religiosas, que representan un sector influyente en la provincia. La iglesia católica siempre se ha hecho sentir fuerte y sensible en la educación de San Luis, al menos en los últimos cuarenta años con las administraciones de los hermanos Rodriguez Saa.

Sin embargo, esta medida contrasta con la falta de reuniones del gobierno con otras organizaciones educativas no subvencionadas. Esto plantea preguntas sobre las prioridades del gobierno y si estas están alineadas con una política educativa inclusiva que abarque a todas las instituciones educativas por igual.
Según lo expuesto, el aumento de la subvención al 90% por parte de la administración anterior liderada por Alberto Rodríguez Saá, a solo tres meses de concluir su mandato, parece haber sido una maniobra política. Esta decisión habría generado una carga financiera significativa para la nueva gestión. La narrativa oficial indicaba que esta medida fue concebida no para beneficiar a las instituciones educativas, sino para dificultar la administración de recursos por parte del gobierno entrante. Este enfoque estratégico revela un uso político de la educación y de los recursos públicos que podría haber comprometido la planificación educativa sostenible.

Tanto el gobernador como el ministro de Educación, Guillermo Araujo, enfatizaron en diciembre del 2023, que el decreto anterior carecía de objetivos claros relacionados con la mejora de la calidad educativa. El anuncio de trabajar en conjunto para elaborar un nuevo decreto que integre la subvención con objetivos educativos específicos, como capacitaciones y fortalecimiento institucional, apunta a un cambio de enfoque. Sin embargo, este compromiso debe ser evaluado - según se anuncio - en función de su implementación concreta y de si realmente logra beneficiar a los estudiantes y docentes, más allá del aspecto financiero. El tema o problema de la subvención estatal es que hay para algunos y no hay para otros. Es decir, no hay para todos. Eso es una clara discriminación y desigualdad.
La ausencia de reuniones del gobernador con instituciones educativas no subvencionadas por el Estado plantea un desafío significativo en términos de equidad. Las escuelas públicas, especialmente aquellas no religiosas o gestionadas por organizaciones comunitarias, enfrentan sus propias dificultades económicas y de recursos. La falta de diálogo con estas instituciones podría interpretarse como una falta de interés o de visión integral para abordar las necesidades del sistema educativo en su conjunto.
La decisión de mantener el subsidio al 90% en un contexto de crisis económica puede ser vista como un intento de estabilizar un sector clave del sistema educativo provincial. Sin embargo, la exclusión de otras organizaciones y la falta de una estrategia más amplia que priorice la calidad educativa en todas las instituciones públicas y privadas representan una debilidad en las políticas del gobierno.
Para avanzar hacia un sistema educativo equitativo y de calidad, será crucial que el gobierno amplíe su diálogo con todos los actores educativos, que mejore sustancialmente el salario de los docentes y diseñe políticas inclusivas que beneficien tanto a las instituciones subvencionadas como a aquellas que no reciben apoyo financiero directo. Todo el ámbito educativo necesita además transparencia, modernización y reglas claras. Esto no solo fortalecería la confianza en la gestión gubernamental, sino que también garantizaría que la educación cumpla su rol transformador en la sociedad.

Declaraciones del Ministro de Educación Guillermo Araujo