Asambleas y grupos ambientales rechazan el RIGI

El pasado de septiembre, la Legislatura de San Luis aprobó en Diputados, con 23 votos afirmativos, la adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que luego fue tratado en la Cámara de Senadores. Esta aprobación se dio de manera rápida, en solo 15 minutos, sin respetar una audiencia pública solicitada, lo que motivó la protesta de asambleas socioambientales que exigieron su rechazo, argumentando la falta de "licencia social" para el proyecto. Las asambleas presentaron más de 10.000 firmas de la campaña "No al RIGI" el 3 de septiembre, pero los diputados negaron estar al tanto del tratamiento del proyecto, a pesar de que ya se discutía en comisiones.

Las asambleas y grupos ambientales sostienen que, aunque el RIGI se promociona como un incentivo para proyectos de energías limpias, en realidad facilita la megaminería y otros proyectos extractivistas que conllevan destrucción ambiental y contaminación del agua, además de proyectos en agricultura industrial y turismo que también afectarían los recursos naturales. Los manifestantes piden que se respeten los derechos constitucionales de participación pública y que se evalúen los impactos de esta legislación, que consideran perjudicial para el medio ambiente y las comunidades locales.

Desde el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis, también se manifestó el rechazo al RIGI, señalando que este régimen vulnera la Constitución Nacional al priorizar a las grandes empresas beneficiarias por encima de la población, y afectando negativamente a las pequeñas y medianas empresas, lo que tendría un impacto en las condiciones de empleo y desarrollo local.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un componente de la Ley Bases pensado para atraer grandes capitales. Es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar que las compañías inviertan más de US$200.000.000 en la Argentina con una estabilidad fiscal a 30 años. El RIGI buscará no sólo fomentar las inversiones tanto nacionales como extranjeras, sino también impulsar el crecimiento económico. Se pretende mejorar la competitividad en sectores económicos específicos, aumentar las exportaciones de bienes y servicios al extranjero, y crear oportunidades de empleo. La autoridad de aplicacion del RIGI sera la nacion.

Por otro lado, quienes apoyan el RIGI, incluido el gobernador Claudio Poggi, defienden que este régimen atraerá inversiones importantes para San Luis, particularmente en sectores como energías renovables, tecnología, turismo e infraestructura. Los defensores del proyecto argumentan que esto generará empleo y desarrollo sostenible, consolidando a San Luis como un polo estratégico de inversiones. Se asegura que, aunque San Luis se adhiere al régimen nacional, la provincia mantendrá el control sobre sus recursos naturales y las inversiones deberán cumplir con las normativas provinciales antes de ser aprobadas a nivel nacional.

El RIGI está diseñado para atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares, ofreciendo beneficios impositivos, aduaneros y de estabilidad fiscal por 30 años, lo que brindaría seguridad jurídica a los inversores. La ley busca potenciar el desarrollo productivo, mejorar la competitividad y promover la creación de nuevas fuentes de trabajo. Los partidarios del RIGI ven en él una oportunidad para convertir a San Luis en un referente en la producción de energías renovables y en un destino atractivo para grandes proyectos de inversión, aprovechando la ubicación estratégica de la provincia en el Corredor Bioceánico y su infraestructura industrial.

Mientras tanto, las asambleas socioambientales continuaron movilizándose, invitando a organizaciones académicas y sindicatos a debatir públicamente el RIGI y expresar su rechazo a lo que consideran una amenaza al medio ambiente y a los recursos naturales de la provincia.