Media sanción a la suspensión de la desfederalización del narcomenudeo

El 26 de junio del 2024, la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis dio media sanción al proyecto que propone suspender por un año la Ley N°1081 de desfederalización parcial en materia de estupefacientes. Esta ley, aprobada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, permite que los delitos menores relacionados con el narcotráfico sean investigados y juzgados por la justicia provincial en lugar de la federal.

La norma, a la que San Luis adhirió en septiembre de 2022, habilita que infracciones como la venta, entrega, suministro y distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas al consumidor final sean investigadas directamente por la Justicia de San Luis. Sin embargo, en la provincia nunca se trabajó en un protocolo de actuación ni se implementó efectivamente.

El proyecto de suspensión, enviado a la Legislatura por el Ejecutivo, forma parte del paquete de medidas que anunció el gobernador Claudio Poggi en su discurso del 1° de abril para luchar contra la inseguridad y la droga en San Luis. Entre los principales fundamentos se señala que las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestran que en otras provincias donde está en vigencia esta ley, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta, no se han logrado resultados positivos. La falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes, limitando las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin afectar significativamente el tráfico de drogas a gran escala.

Este fenómeno es especialmente preocupante en un contexto en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha identificado a Argentina como uno de los países que integran “las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína” hacia todo el mundo. Además, las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) colocan a Argentina, junto con España, como los países de mayor consumo de esta droga a escala global. El proyecto ahora pasará al Senado para su consideración.