Institutos Formadores e Investigación

Desde que la reforma del sistema formador —impulsada por el INFD a fines de los años 2000— incorporó la investigación como una de las funciones de los Institutos Superiores de Formación Docente, junto a la formación inicial, la formación continua y el acompañamiento a las escuelas, muchos institutos hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Crear una Dirección de Investigación implica cargos jerárquicos, presupuesto, estructura administrativa propia. La mayoría de los ISFD, no la tienen. Entonces la investigación quedó alojada donde había un casillero disponible: en Extensión, que ya manejaba la lógica de proyectos, cronogramas y rendición de cuentas.

El problema es que investigación y extensión no son la misma cosa, aunque compartan formato de proyecto. La extensión se evalúa por pertinencia social, vinculación territorial, impacto comunitario. La investigación —si merece ese nombre— debería evaluarse por rigurosidad metodológica, por el aporte que hace a un campo de conocimiento, idealmente por revisión de pares con criterios epistémicos, no solo de gestión. Cuando el mismo órgano aprueba ambas cosas, el criterio que termina pesando es el de extensión.

No hay nada de malo en que la investigación educativa tenga anclaje territorial. Al contrario: producir "conocimiento situado y comprometido con las necesidades del territorio" es una aspiración legítima, incluso deseable frente al academicismo que a veces se desentiende de las escuelas reales. El problema aparece cuando esa orientación no es una opción entre otras, sino la única puerta de entrada. Si todo proyecto necesita demostrar impacto territorial inmediato para ser aprobado por una dirección pensada para eso, la investigación exploratoria, la que no tiene aplicación evidente en el corto plazo, la que hace preguntas incómodas o simplemente básicas, queda estructuralmente en desventaja. No porque alguien la prohíba, sino porque el circuito administrativo no está diseñado para reconocerla.

Es una forma sutil de lo que en otros campos se llama investigación "domesticada": no censurada, pero sí orientada de antemano hacia lo que resulta legible y aprobable para una lógica de gestión ajena a la investigación misma.

Que una práctica esté generalizada en el subsistema no la vuelve deseable; solo confirma que el problema es de política educativa nacional y provincial, no de gestión local. Mientras la formación docente inicial siga sin un sistema propio de incentivos a la investigación —equivalente, aunque sea modestamente, al Programa de Incentivos universitario—, sin cargos con dedicación exclusiva, sin circuitos de evaluación por pares externos, sin presupuesto diferenciado, la investigación en los ISFD seguirá siendo lo que hoy es en la mayoría de los casos: una tarea artesanal, sostenida por el voluntarismo de un puñado de docentes que investigan además de dar clase, evaluada por órganos que no fueron creados para eso. Vale la pena celebrar cada espacio institucional que forma investigadores noveles y discute el uso ético de nuevas herramientas como la inteligencia artificial en el proceso investigativo. Pero también vale la pena preguntarse, en voz alta y no solo en la letra chica de un requisito administrativo, si la investigación educativa argentina puede seguir creciendo con salud institucional mientras dependa, para existir, del sello de un área que fue pensada para otra cosa. La pregunta es por qué, después de casi dos décadas de que la investigación fue declarada función del sistema formador, todavía no tiene una casa propia.