En las últimas horas, dos dirigentes radicales con influencia en la provincia salieron a criticar duramente la reforma constitucional que el gobernador Claudio Poggi enviará próximamente a la Legislatura. Se trata de Alejandro Cacace, secretario de Desregulación de la Nación, y Víctor Moriñigo, diputado provincial. La coincidencia en el timing de las apariciones públicas —en distintos medios pero con un mensaje alineado— despertó sospechas dentro del propio arco político. No es la primera vez que ambos protagonizan una acción coordinada: ya habían generado polémica al fotografiarse juntos durante la apertura de sesiones legislativas.
Moriñigo, ex rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), centró sus objeciones en la eliminación de la Cámara de Senadores, a la que definió como "la representación natural de los departamentos". Para el diputado provincial, suprimir esa cámara implica un debilitamiento de la federalización del poder legislativo.
Por su parte, Cacace fue más allá. Afirmó que no mantiene diálogo con Poggi desde hace tiempo, acusó al gobernador de "incoherencia" en el artículo del proyecto que busca limitar la reelección indefinida, y reclamó que el radicalismo no fue convocado al proceso de elaboración de la reforma. Pese a la dureza de los términos, tanto Cacace como Moriñigo se definieron como "aliados del gobierno".
Ninguno de los dos dirigentes hizo mención a los temas que, según diversas fuentes, generan mayor desgaste para la gestión de Poggi: la crisis salarial en el sector público, los casos de corrupción denunciados en los últimos meses, ni el deterioro de áreas sensibles como salud, seguridad y empleo.
Bajo esa óptica, la UCR volvería a cumplir el rol de "escudo político": simular tensión sin romper el andamiaje que sostiene al oficialismo provincial. Una estrategia que permitiría desviar el foco de los problemas estructurales hacia una disputa institucional de alto voltaje simbólico pero bajo costo real. Históricamente, una porción de sus dirigentes ha privilegiado la continuidad laboral por encima de las banderas partidarias, ocupando cargos públicos en administraciones de distintos signos políticos sin mayores reparos. La lógica, para muchos de ellos, es clara: mejor un cargo político menor (un morral) que pague todos los meses que una coherencia ideológica que deje el bolsillo vacío. Eso explica, en parte, por qué hoy critican a Poggi pero siguen dentro de su gobierno, y por qué mañana podrían jurar lealtad a otro jefe político sin que medie autocrítica alguna.
En el caso puntual de Cacace, los analistas agregan una variable personal: su necesidad de proyectarse hacia el armado libertario a nivel nacional, donde busca construir un perfil propio y diferenciado. Criticar a Poggi le permite marcar distancia sin asumir el costo de una ruptura definitiva. El resultado, hasta ahora, es una disputa que parece medida, con límites acordados y que deja los problemas más graves de la provincia exactamente donde estaban: sin que nadie los nombre.
