A seis años del crimen de Florencia Morales, la Justicia imputa a cuatro policías por "tortura seguida de muerte"

"Nadie se suicida en una comisaría". El grito que la familia de Florencia Magalí Morales sostuvo durante casi seis años, contra viento y marea, contra el silencio y la burocracia, contra una versión oficial que pretendía cerrar el caso con la etiqueta fácil del suicidio, encontró eco en la Justicia. El próximo 16 de marzo, a las 9:30, en el juzgado de Garantías de Concarán, cuatro ex integrantes de la fuerza policial puntana se sentarán ante el juez Nicolás Cóppola y la fiscal de Género, Adriana Cangelosi, para escuchar la imputación por un delito de extrema gravedad: "Tortura seguida de muerte".

Florencia tenía 39 años, era madre y estaba "llena de vida y de proyectos", según la recuerdan sus seres queridos. El 5 de abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de COVID-19, salió de su casa en bicicleta a comprar pan. En el camino, se acercó a la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara con la intención de hablar con un amigo que se encontraba detenido allí. Esa gestión, que en cualquier contexto sería un trámite menor, terminó siendo una trampa mortal. Lo que ocurrió entre el momento en que Florencia cruzó el umbral de la comisaría y el hallazgo de su cuerpo sin vida es un relato de horror que la investigación judicial comenzó a develar pieza por pieza.

El montaje: "Sin testigos"

Uno de los puntos más escalofriantes de la causa es la reconstrucción de las horas previas al crimen. Según la investigación, la víctima fue deliberadamente aislada. Todos los detenidos que se encontraban alojados en la Comisaría 25° fueron trasladados a otras dependencias, dejando a Florencia completamente sola con los efectivos policiales. La pregunta que resuena en el expediente es siniestra: ¿Se vació la comisaría para que no hubiera testigos? ¿El destino de Florencia ya estaba sellado?

Vecinos de la zona declararon haber escuchado esa noche los desgarradores gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior de la comisaría. También, un clamor desesperado que reclamaba la presencia de un médico. Los testimonios coinciden en señalar una inusual y "llamativa cantidad de policías hombres" en el destacamento ese día, muchos de los cuales no estaban de turno ni tenían horario que cumplir.

La versión del "suicidio" que se desplomó

La versión oficial que la Policía intentó imponer desde el primer momento fue la del suicidio por ahorcamiento. Según relataron, Florencia se habría quitado la vida dentro de un calabozo. Sin embargo, la familia Morales, lejos de aceptar ese relato, se plantó con una firmeza inquebrantable. "Ella no podía haberse suicidado, no era su estado de ánimo", repitieron hasta el cansancio. La ciencia les dio la razón. Las pericias forenses demostraron una realidad tozuda que desmoronó la hipótesis policial: la altura del techo del calabozo hacía físicamente imposible que Florencia, con su estatura, pudiera ahorcarse. El cuento del suicidio era, literalmente, un imposible arquitectónico.

Pero las inconsistencias no terminaban ahí. El cuerpo de Florencia presentaba signos de una violencia feroz. Las pericias confirmaron golpes contundentes en zonas clave como la espalda, la pelvis y las piernas. Su ropa, además, apareció totalmente mojada y, según denunció públicamente su hermana, no le pertenecía. Le habían cambiado la vestimenta, en un torpe intento de borrar evidencias. Incluso sus genitales fueron enviados a peritar, en busca de rastros de una agresión sexual que la familia siempre sospechó.

Obstaculización y lucha judicial

El camino hacia la imputación de este 16 de marzo fue un viacrucis. La familia denunció en repetidas oportunidades que se obstaculizaron las pericias, que se intentó "silenciar el cuerpo" de Florencia y que se hizo todo lo posible por evitar que surgieran indicios esclarecedores. "Intentaron silenciar su cuerpo, acallar los testimonios, evitar cualquier indicio esclarecedor", reza el doloroso recuerdo de sus allegados.

El expediente, que comenzó como una mera "averiguación de muerte", dio un giro copernicano gracias a los recursos y apelaciones impulsados por la querella, que llevaron la causa a instancias superiores. Finalmente, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal de Género Adriana Cangelosi, reunió las pruebas suficientes para solicitar la imputación por "tortura seguida de muerte" contra el comisario Reynaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros y las agentes María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres, quienes llegan a la audiencia en libertad.

Una audiencia clave

El delito que se les imputa es de los más graves del Código Penal y prevé como pena máxima la prisión perpetua. Durante la audiencia del 16 de marzo, la Fiscalía deberá exponer su hipótesis acusatoria con lujo de detalles, explicitando la participación que se le atribuye a cada uno de los cuatro imputados y presentando las pruebas que sostienen la acusación.

Si la imputación queda firme, la causa avanzará hacia la etapa intermedia y, finalmente, podría ser elevada a juicio oral. Para la familia de Florencia, esta audiencia representa un punto de inflexión después de casi seis años de una lucha solitaria contra el poder policial. Es el primer paso tangible hacia una verdad que siempre supieron pero que la Justicia tardó demasiado en querer ver.

Un contexto de violencia institucional

El caso de Florencia Morales no es un hecho aislado en la provincia de San Luis. Durante el mismo período de la pandemia, se registraron otras muertes en comisarías que encendieron las alarmas sobre patrones de violencia institucional y tortura. El caso de Morales, por la saña, el intento de encubrimiento y la lucha incansable de su familia, se ha convertido en un emblema de la impunidad policial y de la resistencia de las víctimas. El 16 de marzo, en los tribunales de Concarán, no solo se juzgará a cuatro ex policías. Se pondrá a prueba, una vez más, la capacidad del sistema judicial para desnudar la verdad frente a la versión armada por el poder de turno. La sociedad de San Luis, y en particular la familia de Florencia, seguirá gritando hasta que la Justicia confirme lo que sus oídos escucharon aquella noche: que hubo gritos de auxilio, que hubo tortura, y que nadie, pero nadie, se suicida en una comisaría.